El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación al juez Salvador Alba tras considerar probado que cometió prevaricación, falsedad y cohecho al manipular una instrucción penal para perjudicar a la diputada Victoria Rosell.
La sentencia declara acreditado que Alba ofreció a un encausado por graves delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública, el empresario Miguel Ángel Ramírez, archivar esos procedimientos si se prestaba a declarar una serie de cuestiones que podían dañar la reputación de la juez Rosell, recién elegida diputada por Podemos.
Los hechos por los que el magistrado de la Audiencia de Las Palmas va a perder su condición de juez, salvo resolución en contra del Tribunal Supremo, sucedieron después de que solicitara sustituir a Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se investigaba si una empresa de Ramírez había defraudado varios millones de euros al erario público.
El TSJC declara suficientemente demostrado que Alba citó al principal imputado en esos hechos, Ramírez, a una reunión sin la asistencia de su letrado que preparó con anterioridad, incluso pidiendo a los responsables de seguridad de la Ciudad de la Justicia que el empresario no accediera a su despacho por la puerta principal, sino por el garaje y por el circuito reservado. En esa reunión, reconoce el tribunal, Alba expresó a Ramírez su intención de conseguir pruebas que demostrasen que Rosell había instruido su causa de fraude fiscal a pesar de tener intereses económicos indirectos en el asunto: las supuestas relaciones comerciales entre su pareja, el periodista Carlos Sosa, y las empresas del entonces propietario de Seguridad Integral Canaria.
Esa posible conexión, que de ser cierta habría obligado a Rosell a apartarse de ese caso, ya había sido objeto de una investigación disciplinaria iniciada a instancias de la Fiscalía de Las Palmas, pero que finalizó con dos resoluciones favorables a la juez y parlamentaria de Podemos, tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.
Para el TSJC, se ha probado que existía una animadversión entre Alba y Rosell y también que el procesado "torció" un procedimiento penal para obtener de forma ilícita contratos que pudieran incriminarla, incluso ofreciendo a Ramírez la posibilidad de archivar su caso no solo por una mera nulidad formal, sino entrando "al fondo del asunto", de forma que quedara definitivamente a salvo de las reclamaciones de Hacienda y la Seguridad Social por el presunto fraude en las cotizaciones de sus empleados.
La Sala remarca que, en este "singular caso", Alba buscó no solo perjudicar a Victoria Rosell, que a la postre acabó dimitiendo como diputada, sino también "favorecer" la opciones de que el Tribunal Supremo admitiera la querella que había formulado contra ella con ese mismo tipo de acusaciones el entonces ministro y rival político en la circunscripción electoral de Las Palmas, José Manuel Soria.
El tribunal considera que Alba prevaricó en las decisiones que tomó para obtener esos contratos al margen del procedimiento legal, cometió falsedad al "omitir deliberadamente" al Supremo en sus informes cómo había conseguido esa información y cometió cohecho pasivo simplemente al ofrecer un archivo de la causa al empresario Ramírez, "al margen" de que luego no llegara a tomar esa decisión. La sentencia condena al acusado a indemnizar a Rosell con 60.000 euros por los daños psicológicos (un transtorno ansioso-depresivo, entre ellos) y materiales que le ocasionó con su conducta.
