En una oficina ubicada en el centro de Managua, un grupo de jóvenes se reúne para planear otro “piquete exprés”. El mes pasado estos mismos muchachos, todos licenciados, realizaron dos acciones de protesta con éxito, es decir, sin agresiones ni detenciones policiales. “Lo hacemos con mucho cuidado, porque no queremos perder nuestro trabajo y tampoco que nos manden a El Chipote”, explica “Franco”, quien con este grupo continúa “resistiendo” a pesar del estado policial de facto impuesto por la Policía Nacional desde septiembre de 2018.
“Franco” ha participado en las protestas desde el 18 de abril del año pasado. “Salimos a la cinco de la tarde y con el grupo fuimos hasta Camino de Oriente. El resto es historia. Me refiero a la muerte, destrucción y agresión que vino de la Policía y del dictador”, recuerda. El joven de 28 años, aceptó hablar con CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato, y asegura que él y su grupo continúan protestando porque “la presión no debe disminuir”. “Debemos mantener despierto a este volcán”, valora.
Para ejecutar con éxito el “piquete exprés”, “Franco” y sus compañeros, tendrán que trazar una estrategia que no los exponga ante los antimotines. El patrullaje y el número de efectivos han incrementado en la zona donde esperan protestar, ha estado custodiada de forma permanente. “Son las ganas de querer hacer patria. Solo en este país no podés agitar tu bandera porque ahí no más te echan preso. Es ridículo”, critica “Franco”, quien presuroso envía unas imágenes del asedio que existe en los alrededores del lugar donde está reunido con sus amigos.
Desde septiembre de 2018, la Policía de la dictadura de Daniel Ortega ejecuta un estado policial de facto que impide a los nicaragüenses realizar protestas en contra del régimen sandinista. Hasta la fecha, se han prohibido siete convocatorias de distintas organizaciones civiles. Y esta semana, el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos ha hecho otra solicitud, sobre la cual aún esperan respuesta.
La institución policial prohibió las marchas a través de una orden policial que amenaza con detener y procesar a las personas y organismos que convoquen a las manifestaciones de protesta cívica. “Serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”, alertó la nota de prensa difundida en medios oficialistas.
La Policía no solo rechaza las solicitudes para realizar movilizaciones. También patrulla las calles de la capital, y las de distintos municipios del país, para evitar que los protestantes lancen globos azul y blanco, y ondeen banderas de Nicaragua. En Managua, hay patrullas permanentemente en todas las rotondas. Tienen una patrulla sobre el boulevard y al menos seis efectivos armados.
La presencia policial se ha extendido a los alrededores del Centro Pellas, LaFise de Carretera a Masaya, Invercasa, la Universidad Centroamericana (UCA) y el hotel Holiday Inn, donde la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, y demás organizaciones civiles y políticas, realizan reuniones o conferencias de prensa.
En los puntos antes mencionados, la Policía ubica a aproximadamente a 20 efectivos. En algunos sitios, también hay una patrulla estacionada. Además, regularmente transitan por el sector otras cinco camionetas cargadas de antimotines, que son los mismos que circulan por distintos puntos de la capital.
En Masaya, León, Jinotepe y Matagalpa, la vigilancia policial se extiende a las iglesias, y está conculcado el derecho de libertad de reunión.
La misión de los oficiales es sofocar cualquier intento de protesta. Si algunos ciudadanos lanzan globos azules y blancos, entonces ellos deben atraparlos y explotarlos. Si colocan banderas de Nicaragua con el escudo apuntando hacia abajo, ellos tienen que voltearlas o simplemente decomisarlas. Y si tienen la posibilidad de capturar a los “causantes de tan grave atentado terrorista”, lo golpean para “reducirlo” y lo trasladan a El Chipote o la estación más cercana.
“Cada vez que las madres de los presos políticos queremos salir a pedir auxilio al pueblo, que nos apoyen, que nos ayuden a protestar por nuestros hijos secuestrados, nos agarra la Policía, los antimotines, todo el aparato que tiene este hombre, nos maltrata nos masacra, nos atropella”, afirma Martha Alvarado.
La manifestante agrega que la situación que vive el país es “increíble” y cuestiona cómo se puede “vivir en paz” en un país en el que se te acusa de terrorista si realizás una movilización pacífica. “No sé cómo podemos vivir en este estado policial, nosotros no tenemos ningún derecho a protestar, a marchar”, reclama.
Para José Merlo, otro ciudadano que se opone al régimen de Ortega, es reprochable la actuación de la Policía, pues considera que, en lugar de proteger a los ciudadanos, están intimidando, amenazando y golpeando.
“Yo soy del criterio que el pueblo ya tomó una decisión y nadie lo para, haga lo que haga. Podrá matar, llenar cárceles y cementerios, pero el pueblo ya tomó una decisión y es sacar a la dictadura”, opina Merlo.
La libertad de movilización y manifestación es uno de los acuerdos firmados en la ahora suspendida Mesa de Negociación con la Alianza Cívica, que no ha cumplido el régimen orteguista. El estado de sitio policial, comprueba que el dictador no tiene voluntad para cumplir con lo firmado.
Diana Lacayo, ama de casa y opositora al régimen, estima que Ortega no pretende cumplir con los acuerdos. Para esta mujer, la dictadura “no tiene palabra” y en cambio busca continuar oprimiendo al pueblo hasta las próximas elecciones.
“No podemos vivir en un estado de sitio. No podemos manifestarnos, expresarnos. En cualquier momento nos atacan y nos llevan presas. Es que este hombre desde un inicio no quería cumplir, y ahora menos. Yo no le creo”, sostiene Lacayo.
En una entrevista en el programa Esta Semana, la representante de la Alianza Cívica, Azahálea Solís, coincidió en que los derechos de movilización y expresión siguen cercenados, en alusión al estado policial que prevalece en el país. “Hay que camuflarse para hacer reuniones… Nosotros no podemos aceptar que no tengamos derecho a manifestarnos”, asegura.
Para Juan Sebastián Chamorro, también miembro de la Alianza Cívica, el hecho de que Ortega continúe con el asedio policial, deja en evidencia la incongruencia de su Gobierno y lo expone ante la comunidad internacional como la fuerza política que no quiere una salida a la crisis nacional.
“Pusimos al descubierto la incongruencia de un Gobierno que dice ser demócrata, y que apoya las libertades, cuando en realidad hace lo contrario. Ellos mismos firmaron el acuerdo del 23 de marzo y ellos mismos lo están violando. De tal forma que esto constituye evidencia del incumpliendo de los acuerdos que están suscritos en la Constitución Política”, explica Chamorro.
A finales de agosto, la Alianza Cívica presentó una propuesta de trece reformas al sistema electoral, que incluye a su vez cinco reformas a nivel constitucional para adelantar los comicios generales, municipales y regionales, prohibir la reelección, y establecer el sistema de segunda vuelta.
La propuesta de reforma es concebida por los opositores como un punto de partida para sentar “una unidad nacional”, en un momento en que la dictadura pretende imponer su propia reforma de manera unilateral. A la par de la exigencia de reformas electorales y adelanto de elecciones, los ciudadanos demandan como condición la suspensión del estado de sitio.
Para Edwin Carcache, líder estudiantil, Ortega mantiene el asedio policial permanente porque teme la unidad nacional del pueblo. Añade que, a pesar de tener “todo en contra”, no dejarán de luchar para lograr la libertad de Nicaragua.
“Ortega está celoso, Ortega está con miedo de ver que este músculo del pueblo quiere cuanto antes llegar a elecciones. A eso es lo que le tiene miedo Ortega, por eso el estado de sitio que vemos actualmente. Él no va a permitir que la ciudadanía vaya a una urna receptora de voto, pero como ciudadanos estamos conscientes del riesgo y vamos a luchar para conseguir nuestros objetivos”, afirma Carcache.
En la calle, la ciudadanía también está enterada del riesgo que supondría ir a elecciones bajo un estado policiaco. “No podemos ir a elecciones con un AK en el pescuezo. Aquí no hay seguridad para nadie. Por lo menos yo —opina Alvarado—, que vivo en contra de este Gobierno porque me secuestró a mi hijo por protestar, a mí me ven entrar a una urna a votar y te aseguro que se me va a hacer imposible”.
Para esta ciudadana, la solución pasa por realizar reformas electorales una vez que se haya liberado a los otros presos políticos que continúan en las mazmorras del régimen. Y también es fundamental que no exista un estado policial de facto y que el proceso electoral se realice sin “este hombre en el poder”.
