La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció este lunes que su oficina cuenta con "información corroborada" sobre homicidios e intentos de homicidio ocurridos entre junio y julio pasados contra personas que se habían manifestado contra el Gobierno de Nicaragua.
Los hechos se produjeron en el departamento de Jinotega (fronterizo con Honduras) y "en al menos tres casos -dos de ellos en el municipio (hondureño) de Trojes- se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018", detalló.
Bachelet se refirió a esta información en la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe preparado por un equipo de su oficina sobre la situación en Nicaragua.
El documento fue hecho público el pasado viernes y Bachelet lo mencionó este lunes en una sesión en la que también Nicaragua pudo intervenir, criticar su contenido y negar las acusaciones.
Sobre los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al Gobierno nicaragüense que investigue de forma urgente esos crímenes y sancione a los responsables.
Con respecto a la versión escrita del informe, la alta comisionada agregó que mientras 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas, hay más de cien que siguen en prisión por participar en manifestaciones este año.
Como puntos destacados de su informe, Bachelet dijo que el espacio cívico se ha visto reducido considerablemente a raíz de la crisis política y que esta situación no ha mejorado al día de hoy, lo que se evidencia en la severa restricción de la liberad de expresión y de asociación.
Tampoco ha parado el acoso a los activistas y líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que tuvieron posiciones críticas hacia el gobierno de Daniel Ortega, quien envió a Ginebra a su ministro asesor de la Presidencia de Nicaragua para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, para responder a estas denuncias.
Jaentschke empezó la defensa de su gobierno reclamando que no se mire atrás "sino la realidad actual" que, según él, es muy diferente y en la que se respetan todos los derechos fundamentales.
Jaentschke sostuvo que la recogida de datos para el informe se realizó con "criterios parcializados" y que se omiten expresamente "actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado" de los que responsabilizó a los participantes en las protestas.
También negó hostigamiento a defensores de los derechos humanos, que haya desapariciones forzadas o casos de tortura, al tiempo que consideró una falsedad que la economía esté en una situación calamitosa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudió este lunes a la ONU para solicitar a la comunidad internacional que no olvide que la crisis y la represión en Nicaragua persisten, y que no hay condiciones para el retorno de decenas de miles de nicaragüenses que huyeron del país por esta situación.
"Más de 83 000 personas se han visto forzadas al exilio. El Estado de Nicaragua aún no asegura condiciones para garantizar el retorno voluntario de todas estas personas bajo condiciones mínimas de seguridad", sostuvo la comisionada Antonia Urrejola.
La representante de la CIDH hizo una exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la situación que su organismo observa en Nicaragua por invitación de la alta comisionada Michelle Bachelet.
Sostuvo que la CIDH ha recibido información sobre el incremento de la violencia en zonas rurales del interior del país y de asesinatos de personas identificadas como opositoras al Gobierno.
Esos hechos no han sido investigados de forma imparcial y oportunidad, agregó Urrejola.
Al igual que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige Bachelet, la instancia interamericana ha constatado que continúan el acoso y las agresiones contra líderes opositores "con fines disuasivos" y para lo cual se les detiene por algunas horas.
"Reitero, la grave crisis de derechos humanos no ha cesado en Nicaragua. Persiste la instalación de facto de un Estado de excepción que mantiene suspendidas o seriamente limitadas las libertades públicas", dijo.
En ese sentido, solicitó que el mundo mantenga la atención sobre la crisis en Nicaragua, que en los últimos meses ha menguado y ha quedado a la sombra de la que sufre Venezuela.
En la sección del debate, dedicada a los comentarios del resto de países, la Unión Europea solicitó una reforma electoral que permita que se realicen elecciones democráticas en Nicaragua y que se autorice el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos que fueron expulsadas por Ortega.
La delegación de Argentina -que intervino en representación de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú- respaldó el informe de Bachelet y lamentó que éste confirme la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y que la negación a las víctimas del derecho a la justicia.
