Estas son las diez claves para entender el contexto político de la Diada de este año en Cataluña:
Una de las incógnitas de esta Diada será la capacidad de convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en su tradicional manifestación del día 11 por la tarde, esta vez con el epicentro en la plaza Espanya de Barcelona, bajo el lema "Objetivo independencia".
Hasta este domingo, la ANC contabilizaba 300.000 inscritos, con 1.000 autocares fletados y 240.000 camisetas vendidas, aún por debajo de los 460.000 registrados en la manifestación de 2018.
Como es habitual, la CUP y otras organizaciones de la izquierda independentista han convocado para esa misma tarde otra manifestación, para reivindicar la "desobediencia" como única vía para poder "conquistar derechos".
El Supremo tiene previsto dictar sentencia antes del 16 de octubre, es decir, antes de que se cumplan dos años de la prisión preventiva de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y haya que prorrogarla.
Todo lo que ocurra a partir de los próximos meses en la política catalana estará directamente condicionado por la sentencia, dada la trascendencia que le dan las fuerzas soberanistas, a las que pertenecen los encausados -nueve de ellos en prisión provisional-, que afrontaron el juicio del "procés" entre febrero y junio.
Pese a las conversaciones discretas que mantienen partidos y entidades soberanistas para diseñar una respuesta conjunta a la sentencia, sigue sin haber acuerdo en la concreción, más allá de considerar que es hora de que el independentismo tome la iniciativa, con una reacción institucional y una movilización constante en la calle que apele a todos los sectores contrarios a la "represión".
En vísperas de la Diada, los dos máximos referentes de JxCat y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, han polemizado sobre cómo responder a las posibles condenas: mientras el exvicepresidente del Govern, ahora en la cárcel de Lledoners (Barcelona), defiende formar un gobierno de concentración y se abre a un adelanto electoral en Cataluña, el expresident ha alertado desde Bélgica de que unas elecciones ahora "claramente debilitarían las instituciones".
Tanto Puigdemont como los otros seis dirigentes independentistas que huyeron de España para evitar el juicio del "procés" están muy pendientes del desenlace de la sentencia, ya que el juez instructor, Pablo Llarena, puede decidir, previa petición de Fiscalía, si hay elementos suficientes para reactivar las euroórdenes de detención contra ellos, que él mismo retiró tras la negativa de un tribunal alemán de entregar al expresidente de la Generalitat.
Puigdemont -que como el exconseller Antoni Comín, también en Bélgica, y el propio Junqueras, en prisión, no ha podido tomar posesión del escaño como eurodiputado obtenido en las elecciones europeas del 26 de mayo- tiene encima de la mesa el escenario de dejar su residencia en Waterloo y buscar un nuevo país de destino para evitar que, esta vez sí, Bélgica lo extradite a España.
Diversas fuentes independentistas reconocen que esta es una opción a valorar por parte de Puigdemont, que en las últimas semanas ha viajado a Suiza, donde se encontró precisamente con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que también huyó para evitar el juicio del "procés".
Otro de los focos de atención política y judicial de los próximos días será el juicio por desobediencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por no haber retirado a tiempo en campaña electoral los lazos amarillos de edificios públicos.
El primer enredo a resolver es la fecha del juicio, previsto para los días 25 y 26 de septiembre, exactamente los mismos días en que ya está programado el debate de política general en el Parlament.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha negado a modificar la fecha prevista, mientras que Torra no piensa pedir al Parlament que altere su calendario y medita no acudir al juicio, lo que desencadenaría un nuevo choque institucional.
Sea cuando sea, el juicio puede derivar en una inhabilitación de Torra; fuentes soberanistas calculan que, si eso ocurre, hacia principios de 2020, dejaría al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, provisionalmente al frente del ejecutivo, a la espera de una convocatoria inmediata de elecciones al Parlament.
Ni Ciudadanos ni PP tienen previsto participar en los actos oficiales con motivo de la Diada del 11 de Septiembre y denuncian su politización y sesgo independentista.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, comparecerá mañana miércoles ante los medios de comunicación, junto a otros miembros de la dirección del partido, para reclamar una Diada "inclusiva" y sin acento "separatista".
El presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, por su parte, leerá un manifiesto de su partido con motivo de la Diada.
Este año, ningún representante de los socialistas catalanes asistirá al acto institucional de la Diada -previsto inicialmente para este martes por la noche pero aplazado a mañana por la lluvia-, en señal de protesta por el enfoque de la ceremonia, dedicada a reivindicar la "libertad de los presos políticos y exiliados".
El PSC sí mantendrá, en cambio, la tradición de participar en la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova y también estará presente en el homenaje al expresidente chileno Salvador Allende.
Catalunya en Comú Podem sí asistirá al acto institucional de la Diada, presidido por Torra y el presidente del Parlament, Roger Torrent, y también acudirá al acto organizado por Òmnium Cultural bajo el lema "Por los derechos y las libertades, absolución".
Pero a diferencia de años anteriores, ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ni otras figuras de primera línea de los comunes se sumarán a la manifestación independentista de la ANC.
Pese a que antes de las vacaciones de verano los máximos dirigentes de JxCat se remitían al mes de septiembre como momento clave para la reordenación de su espacio, las discrepancias entre los diferentes sectores y familias que conviven bajo estas siglas han ido retrasando un proceso que aún no tiene calendario.
Puigdemont y su entorno abogan por reconvertir JxCat -ahora es una marca electoral con representación en cámaras legislativas y ayuntamientos- en una organización política unificada, pero en la dirección del PDeCAT, liderada por David Bonvehí, hay fuertes resistencias a disolverse como partido y ceder toda su estructura.
Bonvehí ha puesto en marcha un debate entre la militancia con la intención de reafirmar el PDeCAT como organización y erigirlo en motor principal de JxCat, algo inaceptable para los perfiles independientes que se han ido acercando al proyecto de Puigdemont.
Las tensiones dentro de JxCat pueden hacer estallar el espacio que sigue liderando Puigdemont, de quien se han ido distanciando sectores moderados del PDeCAT, agrupados alrededor de nombres como Marta Pascal, Jordi Xuclà o Carles Campuzano.
La marcha de las negociaciones entre el PSOE y Podemos para la eventual investidura de Pedro Sánchez es seguida muy de cerca por los socios del Govern.
ERC, vencedora de los comicios del 28 de abril en Cataluña, no quiere de ninguna de las maneras una repetición electoral y ya ha ofrecido su abstención para facilitar la investidura de Sánchez sin contrapartidas; JxCat, por contra, ha adoptado un posicionamiento menos contemporizador y ha avanzado que volverá a votar en contra.
Haya o no elecciones generales como consecuencia de una nueva investidura fallida en el Congreso, otra de las incógnitas es si el Govern será capaz de aprobar sus propios presupuestos para el año que viene, para lo que confía en atraer a los comunes -el gobierno municipal de Colau no se cierra a una colaboración presupuestaria mutua-, aunque también habrá conversaciones con la CUP y el PSC.
Otra prórroga presupuestaria sería difícil de justificar y podría desencadenar unas elecciones anticipadas, teniendo en cuenta que los últimos presupuestos aprobados en Cataluña datan de 2017, unas cuentas acordadas con la CUP en plenos preparativos del 1-O.
La entrada La Diada que se celebra este miércoles, pendiente del Supremo y sin consenso independentista se publicó primero en Republica.com.
