«Cuba es un socio clave para nosotros», expresó este lunes la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, durante el segundo Consejo Conjunto Cuba-UE.
«En los tiempos inciertos que vivimos, valoramos mucho que nuestros socios, como es el caso de Cuba, compartan nuestros compromisos con el multiculturalismo y con un sistema basado en normas»; afirmó, en español, Mogherini, que presidió el cónclave junto al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.
Estas afirmaciones de la diplomática europea suponen un distanciamiento con la realidad política y el desalentador panorama socioeconómico que azota al país, que bajo el mandato de Miguel Díaz-Canel sufre una escalada de represión violenta y hostigamiento, no solo contra la oposición, sino también contra amplios sectores de la sociedad civil cubana, como han denunciado las organizaciones Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Mesa de Unidad Acción Democrática (MUAD) y Civil Rights Defenders.
«Mientras que el domingo Mogherini ataba cabos sueltos con Bruno –previo al segundo Consejo Conjunto Cuba-UE–, en las calles cubanas una oleada represiva resultaría en más de un centenar de arrestos arbitrarios, allanamientos ilegales de domicilios, golpizas y otras violaciones al debido proceso y las libertades civiles»; señaló Osvaldo Domenich, ex profesor de Ciencias Sociales.
Los actos represivos contra la llamada Manifestación de los Girasoles, convocada conjuntamente por Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y la plataforma «CubaDecide», ocurrieron mientras la jefa de la diplomacia europea se encontraba en la Isla como parte de la representación del bloque europeo para la segunda ronda del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la UE y Cuba.
En sus intervenciones Mogherini recordó que desde el año 2008 la UE «ha comprometido doscientos millones de euros para apoyar el desarrollo de Cuba […] así como para acompañar la modernización del país». Una expresión que ha sido fuertemente cuestionada por la totalidad del sector opositor dentro del país y en la diáspora, alegando que estas «inversiones» no se reflejan en ningún ámbito de la vida privada y social de Cuba.
Una coalición de opositores habría remitido, en agosto pasado, una carta a la ministra de Relaciones Exteriores del Reino de Suecia, Margot Elisabeth Wallström, con el propósito de que intercediera a favor de la participación «de la sociedad civil independiente cubana en todo su espectro» en la próxima ronda de conversaciones con la Unión Europa programada para el próximo mes de octubre.
A mediados de junio el gobierno sueco decidió retirar su proposición al Parlamento de ese país para que ratificara el acuerdo firmado entre la UE y el régimen cubano. En una escueta nota del Ministerio de Exteriores sueco se revocaba «el proyecto de ley 2017/18: 285 Acuerdo sobre Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y la República de Cuba, por otra».
Violación de derechos humanos
Sectores de la oposición en la Isla celebraron esta decisión del Reino de Suecia de abandonar el Acuerdo, firmado en noviembre de 2016 y que comprende un diálogo en relación con los derechos humanos. En este sentido, los opositores recordaban a la canciller que, «desde 2016 la conducta en materia de derechos humanos del Gobierno (cubano) solo ha empeorado».
«Detenciones arbitrarias, violencias diversas ejercidas contra actores de la sociedad civil, esencialmente del espacio del arte y de la cultura […]. Los últimos acontecimientos públicos que demuestran esta voluntad de negar en acto el espíritu del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación han sido la represión contra comunidades especialmente vulnerables como la LGBTI+ y la prohibición a ciudadanos cubanos de viajar, tanto dentro de Cuba como al exterior»; explicaba la misiva.
El bloque europeo es el principal inversionista en la Isla y su mayor socio comercial, con un intercambio que superó los 3.470 millones de dólares en 2018. A tono con estas circunstancias Federica Mogherini añadió que Cuba «puede servir como puente entre América Latina y los países del Caribe», una suposición que en toda regla le otorga al régimen que lidera por Díaz-Canel una cuota de oxígeno, al tiempo que vulnera al tejido social cubano en su conjunto.
En otra carta dirigida a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, 1.081 cubanos de todos los sectores sociales le solicitaban que les acompañara «en la difícil ruta de los derechos humanos en Cuba»
«La buena gobernanza política exige una nítida coherencia entre la Constitución, el reconocimiento y la protección de derechos y garantías a los ciudadanos, y el conjunto de derechos humanos que constituye la premisa de aquellos. El desafío en Cuba en esta materia sigue siendo simultáneamente histórico: si el gobierno tiene la cultura y capacidad para respetar sus propias leyes, si la Constitución y las leyes están concebidas y hechas para promover y respetar los derechos humanos, y si protege a todos o a un solo tipo de ciudadanos»; expresaba el documento remitido a la Alta Comisionada.
El documento ampliaba que, a pesar de que el sujeto explícito de la Constitución y de las leyes en Cuba es la persona o el ciudadano, «las autoridades continúan estableciendo una distinción y discriminación anticonstitucional entre revolucionarios y el resto de los cubanos, lo que sigue colocando el discurso y la acción políticos del gobierno, tal y como ha venido sucediendo desde 1959, al margen de toda la arquitectura constitucional».
