El Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres comparece por primera vez desde que ha tomado posesión el pasado 18 de julio. Torres ha anunciado que la Ley canaria contra el Cambio Climático «será una realidad» en 2020, ha asegurado hoy el presidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres (PSOE), quien ha pedido a los cabildos y los ayuntamientos de las islas que se impliquen en la elaboración de esa nueva normativa.
En respuesta a una pregunta de sus socios de Nueva Canarias (NC) acerca del alcance, implicaciones y principales medidas de la declaración de estado de emergencia climática en Canarias, Torres ha indicado que, o se reacciona, «o esto se acaba» y ha asegurado que el Gobierno canario «no mirará para otro lado».
El presidente se ha refirido al calentamiento global, así como a las catástrofes consecuencia de la acción humana, y ha señalado que es preciso descarbonizar la atmósfera.
El portavoz parlamentario de Nueva Canarias, Luis Alberto Campos, ha comentado que la declaración de emergencia climática hecha por el Gobierno de la comunidad autónoma le produjo «tristeza», por cuanto es un problema el calentamiento global, pero también «alegría» porque el Ejecutivo canario asume el reto de buscar soluciones.
Luis Alberto Campos ha destacado la importancia de apostar por la economía circular, así como trabajar por la movilidad sostenible, por las soberanías energética y alimentaria, y por la eliminación del plástico.
Y en respuesta a la portavoz del grupo socialista, Nira Fierro, el presidente de Canarias ha dicho que el cambio climático es una evidencia que exige medidas inmediatas, de forma que hay que «ganar tiempo al tiempo», y que la ley será una realidad en 2020.
En respuesta a una pregunta de Sí Podemos Canarias sobre el condicionamiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en la sesión de investidura, Torres ha hecho referencia ante el pleno del Parlamento a un informe del servicio económico de la comunidad autónoma, que a 6 de agosto de 2019, concluyó que este año habrá 151 millones de euros menos, debido al descenso de la recaudación de IGIC y a la desaceleración de la economía.
Por ello, ha recordado, el Gobierno de Canarias ha retenido 171 millones para destinar al capítulo 1 de Sanidad y Educación.
Si no hubiese sido necesario retener esta partida, el Gobierno lo hubiese destinado a la renta ciudadana, a dependencia, becas y, en definitiva, a servicios básicos esenciales, ha añadido.
«Hemos tenido que retener (esos fondos) porque los números que recibimos son los que recibimos», ha aseverado Torres, quien, no obstante, ha afirmado que aunque haya un retraso en la aplicación de su programa, establecerá los mecanismos para que el contrato al que se comprometió con los ciudadanos se cumpla.
El diputado del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias Manuel Marrero ha criticado que el «legado anterior es desastroso en cuanto a lo económico y financiero» y ha denunciado que los 26 años de gobiernos de CC han destacado por su «mala planificación», «ocurrencias», «desgate del territorio» y gobernar casi en exclusiva «para las mayorías poderosas3 del archipiélago.
Marrero ha señalado que los compromisos en las islas se hacen para cumplirlos, para poder modificar los presupuestos heredados, comenzar a hacer políticas progreso y establecer, entre otras medidas, la renta ciudadana y la ley de dependencia.
