Murro compareció este lunes 9 de septiembre ante la Cámara de Diputados en régimen de Comisión General para informar sobre las acciones del gobierno para cumplir con los requerimientos de Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre negociación colectiva y Consejos de Salarios. El secretario de Estado aseguró que […]
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, compareció ante el Parlamento.
Murro compareció este lunes 9 de septiembre ante la Cámara de Diputados en régimen de Comisión General para informar sobre las acciones del gobierno para cumplir con los requerimientos de Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre negociación colectiva y Consejos de Salarios.
El secretario de Estado aseguró que entre 2004 y 2018 los puestos cotizantes totales del BPS se incrementaron en 500.000, lo cual equivale a un 60%. Dijo que en el caso de las trabajadoras domésticas “se duplicó la cantidad”.
En cuanto a los Consejos de Salarios manifestó que desde su reinstalación en 2005 se registraron “mejoras en los sueldos reales y en las condiciones de trabajo”.
Aseguró que se aplicaron también “beneficios en cuidados y licencias especiales, en cláusulas de prevención de conflictos y en el acceso a lentes, órtesis y prótesis del BPS, que aumentaron de 79.000 a más de 180.000 solicitudes otorgadas”.
Murro remarcó que la negociación, en el ámbito de los Consejos de Salarios, genera efectos “positivos en el empleo, en la estabilidad laboral y en la canalización de la conflictividad”.
Subrayó que “Uruguay es el país con mejor protección laboral de América Latina y el gobierno apuesta al crecimiento económico con justicia social y, en ese esquema, el salario es la principal fuente de ingreso de los hogares”.
Remarcó: “Lo que determina el crecimiento de los salarios es la decisión política de si hay Consejos de Salarios y negociación colectiva o si no la hay. No es el crecimiento económico de por sí que genera aumentos de salarios, sino que tiene que existir la institucionalidad de que funcionen los Consejos de Salarios para que haya mejora de salario y de las pasividades”.
El secretario de Estado remarcó que desde la reimplantación de la negociaciones “en Uruguay cayó la desigualdad y disminuyó la pobreza, que pasó del 32,5% de la población en 2006 a 8,1% en 2018”.
Con respecto a los acuerdos laborales, mencionó que se logró entre un 85% y 90% de acuerdos entre trabajadores y empresarios en siete rondas consecutivas, incluidos tripartitos y bipartitos. “Sólo en un 3% a 5% fue necesario dirimir la disputa con un decreto del gobierno ante la falta de acuerdo entre las partes”.
Murro aseguró que “hasta mayo pasado concluyeron 230 ámbitos de negociación en siete rondas, de las cuales en 108, que representan el 47%, se logró acuerdo tripartito y en 87 (38%) concluyeron con acuerdo bipartito entre cámaras empresariales y sindicatos, con la negativa o abstención del Poder Ejecutivo”.
En 11 ámbitos, equivalentes a 5%, se dirimió por votación con el Poder Ejecutivo con sindicatos y similar número por votación con cámaras empresariales, detalló.
Agregó que ocho casos (3,5%) fueron resueltos por decreto, ante la negativa o ausencia de alguna de las partes en negociar, como sucedió con cámaras rurales.
Mientras que en cinco instancias, es decir 2%, fue por votación del Poder Ejecutivo con negativa o abstención de las partes.
En cuanto al sector público, indicó que hubo acuerdos generales en administración central, empresas del Estado y otros sectores.
Se concretaron convenios en casi todos los gobiernos departamentales y hubo un primer acuerdo marco general con el Congreso de Intendentes.
Murro aseguró que ha estado está y estará dispuesto al diálogo y a la negociación para las modificaciones convenientes, oportunas y razonables al sistema de negociación colectiva, de acuerdo a la realidad e historia del país, a la Constitución de la República, la Ley y las normas internacionales, con los consensos útiles que permitan avanzar en más y mejor negociación colectiva, no en la reducción y mucho menos en su eliminación.
El Partido Nacional reclama que el gobierno remita al Parlamento un proyecto de modificación de la Ley de negociación colectiva, antes del 1º de noviembre, como lo establece la OIT.
