Este lunes 9 de setiembre se firmó el acuerdo de trabajo del Gabinete Coordinador de atención y protección de víctimas y testigos de delitos.
Participaron del acuerdo los ministros Eduardo Bonomi (Interior), Marina Arismendi (Desarrollo Social) y Jorge Basso (Salud Pública), el sub secretario del Ministerio de Vivienda, Jorge Rucks; la directora general de secretaría del Ministerio de Trabajo y Seguridad, Social Ana Santestevan; la integrante de la Asociación de Víctimas y Familiares de la Delincuencia, Daniela Álvarez, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz.
También participaron de la firma del acuerdo: el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Hebert Galli, y la presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner.
Las partes resaltaron que las víctimas requieren “atención de servicios básicos que trascienden su pasaje por el sistema de justicia”, para lo cual resulta necesario el trabajo en red con sectores del Estado y la sociedad civil.
En el documento suscrito por las partes se expresa que “resulta imperioso diseñar, implementar y evaluar las políticas de atención y protección a las víctimas, testigos y sus familiares, a través de la adopción de medidas necesarias a fin de facilitar su intervención en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos, atendiendo a las realidades locales y los recursos existentes”.
“Quienes hemos sido víctimas de delitos violentos sabemos el nivel de impacto que eso genera. Antes, tales personas quedaban alejadas de la mano de Dios y si tenían recursos podían tener asistencia. Por ello, ahora se busca que la atención no dependa de los recursos individuales que tenga esa persona o esa familia para enfrentar el trauma que implica, sino que el Estado brinde una respuesta en clave de derechos humanos”, dijo Díaz.
Explicó que se trata de un conjunto de acciones que ya se venían realizando, pero de ahora en más quedan asumidas como “obligaciones de las diferentes instituciones estatales”.
El gabinete deberá cumplir con instalar una “política integral y sistémica que garantice los derechos de víctimas y testigos de delitos violentos”.
Asimismo, tendrá que generar mecanismos de “atención integral y territorial a las víctimas”.
Otro de los aspectos a los cuales tendrá que propender es al fortalecimiento y generación de mecanismos y medidas de “protección”.
Deberá “diseñar, implementar y evaluar un plan de sensibilización y capacitación sobre el impacto, las necesidades y derechos en las víctimas y testigos”.
También tiene entre sus objetivos “mejorar y diseñar sistemas de información y generación de conocimiento sobre las víctimas”.
