Las autonomías han dado un paso más en la ofensiva contra el Gobierno en funciones por negarse a transferirles los 7.000 millones que les corresponden de las entregas a cuenta. Los consejeros de Hacienda no están dispuestos a que esta decisión les obligue a aplicar recortes y optarán por dejar de pagar los “viernes sociales” de Pedro Sánchez.
Tal y cómo se reveló en ECD la semana pasada, Bruselas investiga si el Ejecutivo se ha gastado el dinero de las autonomías en los polémicos decretos de los “viernes sociales”.
La UE reclamará a España que justifique de dónde han salido los fondos para permisos de paternidad, subsidios a parados mayores de 52 años, ayudas al alquiler… por si proceden del dinero destinado a las CCAA.
Por si esto fuera poco, el Gobierno en funciones lleva también dos meses sin abonar a los funcionarios una subida de sueldo que estaba comprometida para el 1 de julio, según destacó Confidencial Digital este lunes.
Pero el problema va camino de agravarse para las autonomías por el bloqueo político. Las Consejerías de Hacienda necesitan una previsión de lo que van ingresar el próximo ejercicio. Y estos cálculos se los debía haber proporcionado el Ministerio hace varias semanas.
El Gobierno central realiza estas cuentas junto al establecimiento del límite de gasto no financiero, que conjuga la previsión de la recaudación con el límite de déficit permitido para fijar cuánto pueden gastar las administraciones.
Esto afecta no sólo a las entregas a cuenta, sino también a subvenciones, transferencias corrientes o aportaciones de capital que estuvieran previstas pero no aprobadas.
Ante la ausencia de estos datos, según ha podido recabar Confidencial Digital por fuentes de varias comunidades, la mayoría de consejeros de Hacienda han protestado al departamento que dirige María Jesús Montero porque no han recibido, por el momento, estimación alguna.
Lo habitual es que el Gobierno ofrezca a las autonomías, antes de finalizar el mes de julio, la previsión de ingresos para el siguiente año en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se tiene en cuenta que, después del verano, deben comenzar a tramitar sus cuentas regionales.
Pero el Ejecutivo se resiste, a día de hoy, a ofrecerles esta información, según se quejan a ECD varios consejeros autonómicos socialistas y del PP.
Lo atribuyen a una presión del PSOE para que los barones del PP fuercen la abstención de Pablo Casado en la investidura de Sánchez, y eviten tener que asumir recortes, por ejemplo, en Sanidad y Educación.
El encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera todavía no tiene fecha. Según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, Hacienda ha trasladado a las autonomías que no va convocarles hasta que no se forme Gobierno pese a que la ministra Montero se ha comprometido a citarles antes de final de año.
El problema con el que se encuentran las comunidades es que, aunque tuvieran una previsión de ingresos oficiosa, si se aplica una prórroga presupuestaria en 2020 no podrán recibir más de lo que establecen las cuentas de 2018, mientras no haya unos nuevos Presupuestos.
ECD ha podido conocer que esta situación está colmando la paciencia de la mayoría de consejeros de Hacienda.
Hasta el punto de que, algunos de ellos, han trasladado directamente al equipo económico de Pedro Sánchez que la “asfixia financiera” a la que les está sometiendo el Estado va camino de poner en riesgo el cumplimiento de las medidas aprobadas por el Gobierno central en los denominados “viernes sociales”.
Entre ellas, citan el aumento del 23% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la mejora del 2,5% en el sueldo de los funcionarios, el incremento de las bases de cotización a la Seguridad Social o la ampliación del horario lectivo...
Argumentan que algunas de estas medidas han acabado impactando en las cuentas regionales y ahora tienen que afrontar un aumento del gasto por decisiones que el Gobierno de Pedro Sánchez tomó en los Consejos de Ministros previos a las generales del 28 de abril sin contar con las autonomías.
Por ello, varios consejeros de Hacienda han sido claros con el Ejecutivo central: no están dispuestos a asumir recortes en Sanidad y Educación y, de verse abocados a ajustes, no dudarán en dejar de financiar los polémicos “viernes sociales”. Es la amenaza, según ha podido confirmar ECD, que ha llegado también a La Moncloa.
