Tras una convalecencia provocada por un arbovirus que anda voraz en el ambiente, y hace de las suyas a diestra y siniestra, retorno a esta columna justiciera para continuar acompañando al ciudadano en sus expediciones contra la irresponsabilidad, la ineficacia y la insensibilidad.
Agradezco sobremanera las muestras de preocupación y aliento de tantos lectores y prosélitos de las buenas causas; y muy especialmente a mi colega y amiga Marianela Martín González, quien dio el paso al frente —y lo hizo con el pie derecho y firme— para sustituirme en esos días.
Y recomienzo con la carta enviada por Arlety Leyva Sánchez, residente en Avenida 3ra. A, No. 30601, entre 306 y 308, en la localidad de Santa Fe, en el municipio capitalino de Playa. Porque la inquietud que preside estas líneas puede ser la de muchas personas en similar situación, sin que haya una respuesta institucional al respecto.
Refiere Arlety que hace años está a la espera de un nuevo instrumento legal que facilite y legalice el desglose de viviendas que se produjo espontáneamente, sin el debido permiso. Si bien fue una infracción, respondía a una situación habitacional crítica sin respuesta ni solución, mediante la cual se amontonaron varios núcleos familiares, con intereses diversos, en una misma morada.
«Hasta la fecha no existe, según los funcionarios de la Vivienda, ninguna manera de solucionar este problema —manifiesta—. Me pregunto cómo es posible que se estén legalizando y otorgando títulos de propiedad, incluso a quienes cometieron infracciones de mayor envergadura, como lo es construir en terrenos del Estado sin autorización, y no exista una solución para los que ya tienen sus documentos legalizados y solo necesiten actualizarlos o hacer un simple desglose».
Si la política relativa a la Vivienda se ha flexibilizado tanto con respecto a rigideces y dogmas sostenidos durante años, que no hicieron más que promover transgresiones y corrupciones, bien merece un reanálisis esta propuesta de Arlety, siempre que se haga conforme a la lógica y a los requisitos indispensables en materia habitacional.
Ningún funcionario público debía dormir tranquilo mientras persistan historias como las de Nidia Almenares Sánchez, que data de hace 12 años, y sin una solución, en Calle B, Rafael Millán López, en el poblado de Chile, del municipio santiaguero de San Luis.
Nidia es la Madre Coraje de una familia de cinco integrantes, que residía antes en el campo, todos con diferentes enfermedades, pero la más vulnerable es una hija suya postrada en cama.
Se mudaron para Chile porque les asignaron un solar, el cual Nidia está pagando. Allí hizo una casita temporal de madera, con licencia de construcción y todos los documentos en regla.
Pero ya han transcurrido 12 años y la casita está en estado crítico. Está tan virada, que casi no se pueden cerrar de golpe la puerta y las ventanas. La madera podrida. Se filtra y se moja la casucha… Y Nidia sigue esperando un subsidio para al menos levantar algo decoroso y digno.
Confiesa que ha ido varias veces a la Dirección de Vivienda, al Gobierno municipal. Todos allí aseguran que es el caso más crítico, «pero sigo escuchando promesas», enfatiza la mujer.
Impaciente ya, el 15 de febrero del actual año escribió al Partido en Santiago de Cuba, y su caso fue remitido a San Luis. Visitó entonces en tres ocasiones el Gobierno municipal, y no aparecía su carta. A la cuarta vez le informaron que la tenía la vicepresidenta del Poder Popular, quien fue a su casa y le anunció que inmediatamente la visitaría la trabajadora social.
Pero sigue pasando el tiempo, y Nidia continúa allí en su choza sin una respuesta, tejiendo y destejiendo su esperanza como una Penélope de la adversidad.
