La sugerencia de la Fiscalía de «normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados (despachos, aulas…)», como medida para luchar contra los abusos sexuales en menores, ha sido recibida con estupor por la comunidad educativa.
Esta propuesta de la Fiscalía se incluye en la Memoria que fue presentada ayer. En ella, se indica que «un relevante número de estos delitos, sobre todo agresiones o abusos sexuales, tienen como víctimas a menores y se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima». A su juicio, estos entornos familiares, educativos o de tiempo libre generan «dificultades para la actividad probatoria y, no pocas veces, resultados procesales adversos», ante la imposibilidad de poder demostrarlos ante un tribunal.
La gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etc.) es la razón que le impulsa a señalar que podría ser necesario «normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados (despachos, aulas…), Ello evitaría «la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a infundadas sospechas o imputaciones.
Las reacciones a esta propuesta no se han hecho esperar. Profesores, padres de familia, sindicatos, estudiantes y expertos han coincidido en sus críticas. Una «barbaridad», un «atentado a la intimidad», «matar moscas a cañonazos», una «medida desproporcionada e ineficaz», son algunas de las descalificaciones de los que consideran que ante este asunto «no se pueden dar palos de ciego» ni extender las sospechas a todo el profesorado.
Protección de datos
El presidente de ANPE (Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza), Nicolás Fernández Guisado, ha mostrado a ABC su rechazo a esta medida. Con el argumento de que «afecta a la intimidad y privacidad de los menores y del profesorado», señala que solo sería aceptable este sistema de videovigilancia en casos de sospechas concretas, con una orden judicial, pero «no con carácter general. Y siempre fuera del horario lectivo.
Además, advierte de que supone un «cuestionamiento del trabajo que realizan los docentes, a los que van a poner bajo sospecha». Finalmente, recuerda que la Agencia de Protección de Datos ya se pronunció sobre el uso de cámaras de vigilancia y estableció un criterio muy restrictivo para su instalación.
Desde la Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos), el presidente Pedro Caballero afirma que «antes de poner cámaras hay otras cosas que se pueden hacer». En este sentido, apunta a la puesta en marcha del Observatorio Nacional de la Convivencia, que está «paralizado desde hace cinco años. Se lo hemos pedido al ministro porque es el lugar donde están todos los agentes sociales, donde se puede debatir con qué recursos contamos y qué dispositivos se pueden poner en los centros educativos».
Caballero hace especial hincapié en afirmar que «no todos los alumnos son acosadores, ni los profesores tampoco», apuntando que esta media se sitúa «en una linea fina que puede atentar contra la libertad personal de cada uno».
Protección del menor
Los alumnos también se oponen a esta medida, aunque con matices. El presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), Carles López, subraya que «poner cámaras no parece la mejor solución, pero sí hay que avanzar en la utilización de las nuevas tecnologías para luchar contra el abuso en los menores».
El representante estudiantil aconseja «ir con cuidado porque son personas que no han cumplido la mayoría de edad» y hay que tener en cuenta cuestiones como la privacidad y la protección del menor.
Como altermativa, considera «urgente» la aprobación de la ley de violencia contra el menor, donde deben estar recogidas las medidas para luchar contra esta lacra.
Los sindicatos se han situado también junto a profesores, padres y alumnos. El responsable de Educación de la Csif, Mario Gutiérrez, destaca de la sugerencia de la Fiscalía «el poco respeto a la labor del docente. Es una barbaridad y una ocurrencia de alguien que lo que tiene que hacer es ejercer sus funciones», como es activar los mecanismos cuando se produce el delito. Así, le reprocha que «den por hecho que el abuso se produce en las aulas o se induce desde allí».
Gran Hermano
La «Plataforma de Infancia» se ha mostrado sorprendida por una propuesta, según su director Ricardo Ibarra, que nunca se ha barajado en las reuniones de expertos, subrayando que la clave está en la prevención.
Finalmente, el profesor de Derecho Constitucional y experto en delitos de odio, Francisco Valiente, entiende que «invadir los centros escolares a lo Gran Hermano creo que va a lesionar derechos fundamentales como el de la intimidad y va a generar una sensación de falta de libertad en los menores».
