En el debate sobre la progresiva destrucción de la Amazonia tiene un importante lugar el deterioro causado por obras de infraestructura o explotaciones mineras llevadas a cabo por empresas chinas, realizadas normalmente sin los debidos estudios de impacto ambiental y en muchos casos vulnerando los derechos de las comunidades indígenas.
Con frecuencia esos proyectos han sido acogidos con movilizaciones locales de rechazo, pero han podido seguir adelante gracias al apoyo de los gobiernos nacionales, necesitados de unos préstamos chinos que muchas veces han alimentado la corrupción.
Es el caso emblemático de la presa de Coca Codo Sinclair, construida en la provincia de Napo, en el Ecuador amazónico, que inaugurada hace dos años junto a un volcán activo presenta ya grietas que hacen temer por su colapso. La obra fue parte de un préstamo de 19.000 millones de dólares que el Gobierno ecuatoriano devuelve entregando a China anualmente el 80% de las exportaciones nacionales de petróleo.
Urgido por esa necesidad de crudo, además, Ecuador busca ampliar la explotación de sus polémicos pozos en la región amazónica, siendo así que Pekín se encuentra detrás de ese doble impacto negativo sobre la selva, en una dinámica de círculo vicioso. Diversos altos funcionarios se encuentran procesados por la aceptación de sobornos, entre ellos un anterior vicepresidente y un exministro del Gobierno de Rafael Correa.
Riesgo ecológico
Un estudio de Diálogo Interamericano constata que a pesar de que China ha ido sumándose formalmente a ciertos protocolos internacionales en materia medioambiental y de responsabilidad social y ha aprobado los últimos años algunas guías internas, la realidad es que las compañías chinas han hecho «poco progreso» en la incorporación de esas recomendaciones. «Las guías no son vinculantes y no están acompañadas de mecanismos institucionales para la implementación y la supervisión de su cumplimiento», afirma el informe del «think tank» de Washington, cuyo objetivo no es propiamente denunciar la situación sino proponer modos de superarla.
En la cuenca amazónica operan también empresas de otros países, pero la presencia de la inversión china ha ido en aumento. Si entre 2000 y 2015 en las regiones amazónicas de Ecuador, Perú y Bolivia, que son los países con mayor número de intervenciones de China en su selva, eran chinos solo tres de los 39 proyectos de infraestructuras, con las nuevas adjudicaciones han pasado a ser 14 de 43.
A diferencia de muchas multinacionales de otros países, en lugar de aplicar en su funcionamiento los estándares internacionales, las empresas chinas se limitan a ajustarse a la legislación nacional del país específico en el que operan, que en muchas ocasiones es deficiente. Algunos de esos países prefieren precisamente las inversiones chinas porque no van unidas a condiciones más estrictas. El resultado es que optan a proyectos «sin apenas hacer sus propios análisis de potenciales conflictos medioambientales o de oposición pública».
Una nueva situación generada es que al ralentizarse el crecimiento económico de China, sus compañías estatales están más forzadas a ganar adjudicaciones, para lo que ponen bajos precios de partida, desplazando en los concursos a consorcios «con mayores estándares y adicional análisis de proyectos de alto riesgo», dice Diálogo Interamericano.
Comunidades indígenas
La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) presentó el año pasado un informe titulado «Vulneración a los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica por inversiones chinas». En él denunciaba que diversas de esas inversiones habían vulnerado el derecho de las comunidades locales a un medio sano y equilibrado, así como el derecho a participar en las decisiones que afectan a los territorios en los que viven, tal como amparan las convenciones internacionales.
En concreto, aportaban documentación sobre cinco casos. Uno sobre la explotación minera en el arco del Orinoco, en Venezuela, por parte de las corporaciones chinas CAMCE y Yankuang, para la extracción de coltán, oro, bauxita y cobre, en proyectos que no contaron con estudios de impacto medioambiental. Otros dos se referían a la perforación y explotación petrolera en el departamento de Caquetá, en Colombia, y en la selva sur del Cuzco, en Perú, realizados respectivamente por Sinochem y China National Petroleum Corporation (CNPC), en concesiones que no contaron con una consulta a las comunidades indígenas respectivas, cuya vida se ha visto trastocada en gran medida.
En Ecuador, el proyecto de extracción de cobre en la cordillera del Cóndor, adjudicado a una subsidiaria de China Railways Construction Corporation (CRCC), echó a andar con desalojos violentos de manifestantes indígenas, uno de cuyos dirigentes resultó asesinado. En Brasil las comunidades locales también se movilizaron, sin éxito, contra las represas Teles Pires y Sao Manoel, cuyo funcionamiento está gestionado por empresas chinas, una de ellas la China Three Gorges Corporation (CTGC).
