La progresiva pérdida de peso del sector industrial en España no se detuvo durante la recuperación económica que siguió a la crisis, sino que se ha prorrogado en los últimos años, hasta dejar por el camino unos 600.000 empleos desde la década pasada y reducir su presencia en un PIB nacional en el que en la actualidad apenas roza el 18 por ciento. El sector de los servicios se refuerza a costa de una industria que no ha dejado de perder terreno como consecuencia de una dinámica interna, pero también externa, derivada de la provisionalidad de los últimos gobiernos, sin mayorías suficientes para articular las reformas necesarias para revitalizar este sector, clave del desarrollo y de la innovación tecnológica que apuntalan el crecimiento en las sociedades avanzadas. De tapadillo y sin una estrategia definida, el Ejecutivo socialista trata de oxigenar a nuestra industria, pero con palos de ciego que -como las ayudas aprobadas el pasado viernes, de cuatrocientos millones de euros- revelan su desorientación en un campo que ha llenado de minas con su demagogia y sus mantras, como puso de manifiesto la irresponsable campaña que desplegó contra el diésel.
España es una potencia internacional en el sector de los servicios, pero también cuenta con una industria -textil, de comunicaciones, infraestructuras o del motor- capaz de competir con las más desarrolladas del mercado. Hay, sin embargo, una industria que languidece, víctima de la ausencia de políticas de Estado y de la inercia electoralista de quienes entienden la acción de gobierno como una sucesión de gestos populistas. Aún más en tiempos de repliegue económico, el denominado gasto social que anuncia y impulsa el Ejecutivo socialista condena a España a la improductividad y al declive, por abandono, del tejido que genera genuina riqueza.
