La venta de 18 promociones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid en 2013 finalmente se ajusta a derecho. El fallo absolutorio no será recurrido ante el Supremo (TS), por lo que la exalcaldesa Ana Botella (PP) y siete miembros de su equipo (seis ediles y el gerente del ente público) no cometieron ilícito alguno. El Ayuntamiento que presidía Manuela Carmena (Ahora Madrid) decidió en 2017 denunciar ante el Tribunal de Cuentas el supuesto «procedimiento ilegal» de venta de 1.800 viviendas públicas y 34 libres al fondo de inversión Fidere. Una primera sentencia del órgano condenó a Botella y a parte de su Ejecutivo a pagar 25,7 millones de euros, algo que los demandantes recurrieron. Salieron absueltos, en un segundo fallo que se produjo en julio de este año.
La sentencia que exculpa a la exregidora será firme el día 27 de este mes –cuando termina el plazo para presentar los recursos de casación–, según ha podido saber este diario, ya que ni la Fiscalía ni el Ayuntamiento de Madrid, capitaneado ahora por José Luis Martínez-Almeida (PP), van a acudir al Tribunal Supremo.
Ya lo anunció el alcalde este fin de semana: «No vamos a derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles». Se refería Martínez-Almeida a la «cruzada» –en palabras de fuentes conocedoras del caso– que mantienen desde hace dos años Ahora Madrid (ya Más Madrid) y el PSOE contra el Gobierno municipal anterior a Carmena.
Propuesta no vinculante
Las dos formaciones, con la abstención de Vox, lograron sacar adelante el primer recurso del mandato de PP y Cs, aprobado en el pleno municipal del 29 de julio. La EMVS debería personarse en un plazo de 30 días hábiles ante la Sala Tercera de lo Contencioso del TS en contra de la condena exculpatoria. La propuesta, a pesar de aprobarse, no es vinculante ni de obligado cumplimiento para el Gobierno. La postura de Almeida sigue la doctrina de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que pidió la absolución de los miembros de la Junta de Gobierno que el 20 de julio de 2013 ratificaron el plan de viabilidad de la entidad.
«Esto ha sido una persecución política por parte del anterior Consistorio, sobre todo, y del PSOE, sin tener ningún fundamento jurídico», opinan al respecto las fuentes del asunto. Estas van incluso más allá: «Es la primera vez en la historia del Tribunal de Cuentas que una amiga de Carmena condena a alguien en contra del criterio de la Fiscalía». Se refieren a la consejera María Antonia Lozano, quien dictó el primer fallo. Lozano fue jefa directa de Marta Higueras, actual portavoz de Más Madrid, y amiga «íntima» de Manuela Carmena desde hace 40 años.
El alcalde también se ha mostrado de acuerdo con esta teoría. «Aquí el problema no es la EMVS, sino que tenemos una izquierda desnortada que no ha asumido el cambio en el Ayuntamiento de Madrid», dijo el domingo, después de que se conociese que el Consistorio ha prescindido de los servicios de la letrada de la empresa municipal, Paloma Herranz, justificando que «es exactamente lo mismo que hizo el anterior equipo de Gobierno», que destituyó al director de servicios jurídicos de la empresa cuando llegó a la Alcaldía.
Dejando clara la postura del Ayuntamiento, a los implicados en este proceso consultados por ABC les sorprendería que fuese la Fiscalía quien recurriese, ya que siempre se ha mostrado favorable a la inocencia, tanto de Ana Botella, como de los demás acusados.
Responsabilidad contable
«Desde el primer momento, la Fiscalía no ha visto quebranto ni responsabilidad contable», dicen. De hecho, el Ministerio Público no se adhirió a la denuncia de Carmena, al considerar que la operación de venta se ajustó a Derecho y que había habido un concurso público, algo después reconocido por el fallo absolutorio. «No se entiende cómo la demanda sigue adelante a pesar del criterio de la Fiscalía que, hasta en tres ocasiones, pide la absolución», continúan: «Es más, las empresas que no ganaron el concurso reconocieron ante el Tribunal de Cuentas que el precio de mercado era el justo».
Lo cierto es que el fallo revocatorio no ha estado nunca exento de polémica. Cuando salió a la luz lo tildaron de tener un sesgo «político», ya que se aprobó con dos votos contra uno, sustentados por José Manuel Suárez Robledano y Margarita Mariscal de Gante, consejeros propuestos por el PP. Fue ministra de Justicia con José María Aznar. «En todo momento se ajustaron a la jurisprudencia del Tribunal», sentencian las fuentes consultadas, que después de seis años ven que el proceso llega a su fin.
