A finales de este mes, los 69 empleados de plantilla del astillero vigués Vulcano podrían ser despedidos. Trabajadores de la factoría, arropados por otros compañeros del sector se concentraron esta mañana ante la sede de la Xunta en la ciudad olívica para reclamar un inversor que dé continuidad a la actividad en unas instalaciones que en 2019 cumplen cien años. Tras la protesta, miembros del comité se reunieron con la delegada de la Xunta en Vigo, Corina Porro, que se comprometió a interceder ante la Autoridad Portuaria de Vigo para que, de aparecer un comprador, amplíe la concesión de las instalaciones, que caduca en siete años.
Según informa Efe, los trabajadores aseguraron que Porro también prometió mediar para que la plantilla no sea despedida si hay algún interesado en continuar con la construcción naval en el astillero. Mientras, la Xunta informa en un comunicado de que la delegada en Vigo se comprometió a «acompañar» a los trabajadores en el proceso concursal, como ha hecho «hasta ahora», y a «mediar» con el puerto de Vigo «en los temas que sean de su competencia». La administración autonómica apoyará «cualquier oferta seria y viable» que se pudiera presentar, y añade que pese a que está haciendo «todo lo que puede», la «evaluación de la situación concreta» del astillero Vulcano le corresponde al administrador concursal.
Durante la protesta, apoyada por CCOO, UGT y CIG, los trabajadores mostraron sus temores. Creen que puede haber inversores, pero intuyen que no darán el paso antes de que se liquide a la plantilla. «Está todo tan parado, tan callado y quieto, que sería lo ideal: que no haya trabajadores para colocarle esto a un amigo», resumió el presidente del comité de empresa, Nicolás Sangabriel, informa Efe. Víctor Ledo (CCOO) coincidió en que existen «posibles inversores que estarán jugando con los tiempos, a la espera de la liquidación, para cogerlo saneado, sin carga laboral». Y mientras esto sucede, criticó, «la administración está de lado, cuando tendría que ser el garante de buscar un inversor», dado que el administrador concursal «actúa de liquidador». Ledo denunció que se haya hecho «caso omiso» a las demandas de los sindicatos, que reclaman que cuando se abra el periodo de ofertas para la adquisición de la unidad productiva de Vulcano se incluya una subrogación de los trabajadores. Rubén Pérez, de UGT, indicó que aún «estamos a tiempo de que reaccionemos todos», porque «una cosa es la extinción de los contratos, que, lamentablemente, se puede producir dentro de quince días», pero luego quedará por delante el proceso de liquidación de la compañía, que «va a durar bastante más».
El representante de UGT exigió a la Xunta «claridad» sobre el posible interés del presidente del puerto en las instalaciones que ocupa Vulcano, lo que podría «desincentivar» la posible llegada de inversores, de ahí la petición, trasladada a Corina Porro, de que se amplíe la concesión. Los terrenos sobre los que se asienta Vulcano han despertado ya el interés de empresas de logística para expandir su espacio para contenedores en el puerto.
Desde la CIG, César Rodríguez, apuntó que se está «dejando morir» a uno de los «principales» astilleros privados de España y conjeturó con que si hubiera esa «recuperación del naval» habría algún astillero interesado en unas instalaciones válidas para construir grandes barcos.
La protesta contó con la participación de la diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz, quien censuró la inacción de la Xunta y aseveró que «dejar caer a Vulcano es un drama económicamente y un símbolo: se está derribando de alguna manera una parte señera de la economía de Vigo y de Galicia».
