Los medios justifican el fin. El próximo 31 de octubre habrá Brexit, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. O eso es al menos lo que plantea Boris Johnson, cuya actitud se ha convertido ya en la de un auténtico kamikaze. El «premier» está dispuesto a sabotear los esfuerzos del Parlamento para evitar el temido divorcio caótico y, en una crisis sin precedentes en la democracia más antigua de Europa, quiere desafiar la ley que le obliga ahora a pedir una nueva prórroga a Bruselas, aunque eso suponga arriesgarse a ser condenado a prisión.
El caos más absoluto comenzará este mismo lunes con otra derrota prevista para el Gobierno conservador. Tras su primer intento de la semana pasada, Johnson planteará hoy de nuevo a la Cámara de los Comunes la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 15 de octubre. Pero los partidos de la oposición ya han adelantado que votarán en contra. No se fían de Johnson y no permitirán que se saquen de nuevo las urnas hasta que se haya solicitado formalmente una nueva extensión de los plazos de salida a Bruselas.
Tras arrebatar el control de la agenda parlamentaria al Ejecutivo, la oposición consiguió aprobar el pasado viernes por la vía rápida una normativa que esta semana tendrá la rúbrica de la reina Isabel II. La ley estipula que, si para el 19 de octubre no se ha aprobado un Acuerdo de Retirada o el Parlamento no ha dado su consentimiento explícito para salir sin pacto –algo imposible con la actual aritmética–, el Ejecutivo debe solicitar a Bruselas una nueva ampliación de plazos hasta el 31 de enero de 2020.
La cuestión es que Johnson no está dispuesto a acatar la normativa. Es más, si pierde una moción de confianza tampoco está dispuesto a irse de Downing Street. El «premier» está siguiendo a rajatabla la hoja de ruta de su asesor, Dominic Cummings, cerebro de la campaña euroescéptica que triunfó en el histórico plebiscito de 2016. Sus tácticas siempre son cuestionadas. Carece de escrúpulos. Y ahora incluso entre las propias filas «tories» se comenta que Johnson se ha convertido en su marioneta.
Según «The Sunday Times», Cummings habría dicho a su círculo más cercano que, a menos que la oposición logre tomar de nuevo el control de la agenda parlamentaria para aprobar la revocación del Artículo 50 –lo que cancelaría el Brexit– entre el 21 y el 31 de octubre, los diputados llevarán al primer ministro hasta el Tribunal Supremo para obligarle a pedir una nueva extensión de plazos. Pero llegados a este escenario, el oscuro estratega es consciente, y juega con ello, de que la Justicia no contará con el tiempo necesario para abordar la situación, por lo que el Brexit se acabará ejecutando para Halloween por defecto. En definitiva, un órdago con consecuencias difíciles de valorar.
Lord Macdonald, el que fuera responsable de enjuiciamientos públicos, ha advertido este pasado fin de semana de que Johnson podría ser procesado por desacato a la corte. «Si lo declaran culpable de desafiar una orden judicial, lo encarcelan», señaló. «No tendrá el apoyo de nadie, solo el de los fanáticos que le apoyan, ningún fiscal se va a quedar sentado si no acata una orden del juez», añadió Macdonald.
En medio de todo el caos, el ministro de Finanzas, Sajid Javid, aseguró ayer en una entrevista con la BBC que el primer ministro se mantiene firme en su promesa de ejecutar el Brexit para 31 de octubre, por lo que solo acudirá a Bruselas a negociar un acuerdo de retirada, no a solicitar otro aplazamiento. «Desde luego, no pedirá una nueva extensión en esa reunión», insistió.
En cualquier caso, la ya ex ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, aseguró que el Gobierno no está trabajando realmente para cerrar un pacto y explicó que con Bruselas solo hay «conversaciones» no «negociaciones». Una confirmación de esta realidad podría ser la vaga respuesta que el ministro de Exteriores, Dominic Raab, dio en Sky News a la pregunta de qué propuesta concreta ofrecerá Londres a la UE en el Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre. Raab se limitó a decir que «existe un amplio rango de posibilidades de mejorar» el acuerdo pactado por Theresa May, y se negó a desvelar qué cartas jugaría Johnson para convencer a los 27.
Rudd dimitió el sábado por la noche del Gabinete incrementando aún más la crisis en el Ejecutivo, que la semana pasada ya tuvo que lidiar con la renuncia del propio hermano del primer ministro, Jo Johnson, como secretario de Estado de Universidades. Este último señaló que anteponía «el interés nacional» ante la «lealtad familiar».
Tanto para Rudd como para el hermano del «premier» –ambos europeístas–, la gota que ha colmado el vaso de la actitud radical del líder «tory» es la expulsión del partido de los 21 diputados rebeldes que la semana pasada votaron en contra del Ejecutivo. La decisión ha encrudecido más la guerra civil que desde hace tiempo se vive en la formación, ya que el propio Johnson y varios de los diputados que forman ahora parte de su Gobierno votaron en varias ocasiones en contra de las medidas propuestas por Theresa May. Es más, el hoy primer ministro fue uno de los más críticos con el liderazgo de su antecesora. En caso de elecciones anticipadas, muchos de estos rebeldes planean ahora presentarse como independientes para dificultar que Johnson pueda obtener mayoría.
El «premier» se apresuró ayer a sustituir a Rudd por Therese Coffey como ministra de Trabajo. Coffey, diputada desde 2010, fue nombrada secretaria de Medio Ambiente por Theresa May. En el referéndum de 2016 apoyó la salida de Reino Unido de la UE.
París avisa de que no habrá otra prórroga
Varios socios de la UE están perdiendo la paciencia con Johnson, y uno de ellos es Francia. Su ministro de Exteriores, Jean-Yves le Drian, le avisó ayer de que en las actuales circunstancias, Bruselas no concederá otro aplazamiento del Brexit.
«No vamos a dar otra (prórroga) de tres meses», dijo en Europe 1. «Londres debe decirnos qué quiere», añadió, y admitió que esta coyuntura es «muy preocupante», dado que si ninguna de las partes cambia de posición el 31 de octubre, será inevitable el Brexit caótico.
