A sólo tres días de que venza –el próximo jueves 12- el plazo constitucional para la aprobación de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia educativa, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aún no cuenta con los dictámenes de las iniciativas presentadas y lleva meses sin sesionar en Pleno.
Lo anterior se debe a que dichos dictámenes “se construyen en la SEP con la aprobación de líderes sindicales e ignorando el diálogo con los maestros y con los legisladores”, alertó el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.
“El plazo constitucional de 120 días para la expedición de la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, y la Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación se vence este jueves y a estas alturas no hay dictámenes construyéndose en la comisión y sí en la SEP con la aprobación de líderes sindicales e ignorando el diálogo con los maestros”, advirtió.
Acusó que “con la publicación de la reforma el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, los miembros de la Comisión de Educación convocaron a la discusión en un formato de Parlamento Abierto, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública realizó consultas con todos los partidos, menos con Acción Nacional”.
Dijo también que el Congreso de la Unión deberá aprobar esta semana tres leyes secundarias de la reforma constitucional en materia educativa “que marcarán el futuro de las niñas y niños de México, y Acción Nacional advierte que las propuestas oficiales, además de contener fallas graves, se pretende aprobar sin discusión ni contrastarlas con otras como las iniciativas de otros grupos parlamentarios que sí respetan lo mandatado en la Constitución Política”.
Señalo que, por ejemplo, el Proyecto de Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros “faculta a la SEP la realización de evaluaciones diagnósticas, cuando nuestra Carta Magna señala que corresponderá al organismo público descentralizado que coordine el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación”.
Además, “minimiza y hace a un lado el conocimiento acumulado del anterior Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; es confusa e imprecisa en varias de sus partes; abre la puerta a prácticas ilegales como el compadrazgo, los favores políticos y el tráfico de intereses particulares, en detrimento de la mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje”.
También “viola las condiciones de igualdad de los aspirantes que concurren al proceso de selección. Las aptitudes y conocimientos, que se tomarán en cuenta para la selección de las mejores maestras y maestros en los procesos de admisión y promoción, quedan sujetos a la decisión discrecional de la SEP”.
Anota que en Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación “no se toman en cuenta a las entidades federativas en la propuesta y desde ahora se vislumbra una compleja interpretación y aplicación”.
Por eso “el organismo es violatorio de la Constitución en su artículo 3º, porque no prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; regula deficientemente las facultades de los órganos que componen a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y son limitados los alcances de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional”.
“En Acción Nacional no queremos que regrese el viejo sistema de la venta de plazas y en estas leyes secundarias, sobre todo en la nueva Ley General de Educación, se cierne la sombra de la corrupción”, según señaló.
