Hacienda propone que, a más tardar, en enero de 2020 la defraudación fiscal sea tipificada como delito grave y la emisión de facturas apócrifas como delincuencia organizada.
El planteamiento, expuesto en el Paquete Económico 2020 entregado al Congreso, separa ambos delitos y da señales de que el Gobierno fue receptivo a las peticiones del sector privado, consideró José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
“Es un ligero relajamiento de las medidas que la autoridad está planteando para combatir la elusión y evasión fiscal.
Sí va a buscar aplicar sanciones legales fuertes para estas conductas pero, de momento, va a dejar en un término más relajado la defraudación fiscal y eso de alguna manera es positivo para el sector privado en el sentido de que le va a permitir seguir con su actividad económica ante algún error o duda, que no de inmediato se considere delincuencia organizada, sino que permite la posibilidad de algún error o que no hubo dolo”, señaló de la Cruz a El Financiero.
El sector privado en reiteradas ocasiones destacó la concordancia con el Gobierno en perseguir a los defraudadores fiscales.
“Lo único que no nos parece, e insistimos, es que un delito fiscal no es comparable con delincuencia organizada. Ahora, si el delito fiscal lo comete el que emite las facturas, que ha hecho una empresa para poder robar el dinero del erario, ese sí que sea castigado con todo el peso de la ley. Ojalá y seamos escuchados por los legisladores”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), un par de días antes de que fuera entregado el proyecto del presupuesto a los legisladores.
