Las 25 residencias públicas de la Comunidad de Madrid tienen 215 empleados menos de lo que el propio Gobierno regional estima necesario para el servicio, según datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS. La insuficiencia de personal es una queja común de familias y trabajadores en las 473 residencias de ancianos en la región, tanto en las públicas como en las privadas. Se trata de una de las carencias más sensibles en un sector en expansión por el envejecimiento, y que genera preocupación por la calidad de la atención a personas en condiciones muy vulnerables.
