La sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe final, que incluye conclusiones y propuestas, de la Comisión Investigadora por las irregularidades en la Corte de Apelaciones de Rancagua, más conocido como el caso “Desastre de Rancagua”.
La presidenta de la comisión investigadora, diputada Alejandra Sepúlveda, analizó el trabajo realizado y valoró la aprobación por parte de la Sala. “Hemos tenido un informe de consenso, aprobado primero por la unanimidad de los diputados en la comisión, y luego por la sala, donde en primera instancia reconocemos el tremendo trabajo que realizó la ministra Rosa María Maggi, como representante de la Corte Suprema, quien investigó e hizo un informe tan contundente. Y en este sentido, respaldamos absolutamente lo que ha hecho la Corte Suprema, en relación a los 3 jueces, en este caso, por las circunstancias, a Vásquez y a Elgueta, y su expulsión del Poder Judicial”.
Asimismo, la parlamentaria fue enfática al señalar la necesidad de tener una real separación de los poderes del Estado. “En este informe también planteamos que hay que tener una barrera absoluta entre la función parlamentaria o lo que hace un parlamentario en relación al Poder Judicial, una muralla china entre el Poder Legislativo y el Judicial y la Fiscalía, sobre todo en estas reuniones que se dan y que no tienen la rigurosidad en términos de la información de quién se reúne y cuáles son las materias”. Y en la misma línea, agregó “dejamos claro que para nosotros son muy importante las modificaciones que tiene que realizar el Poder Judicial en relación a la transparencia de los nombramientos, tanto lo referente a la Corte de Apelaciones, como también con los suplentes, con los Notarios, con la conformación de las distintas Salas”.
“Nos parece muy importante que el Ejecutivo, y esa es la petición que nosotros hacemos con las conclusiones, realice esta modernización de los Tribunales o del Poder Judicial, lo más urgente posible, de la misma forma el nombramiento de los notarios. Como asimismo, hemos solicitado, también que se revise absolutamente lo que está ocurriendo en otras Cortes de Apelaciones, esta es una luz amarilla que pasó absolutamente a roja en la Región de O’Higgins, por lo que consideramos que tenemos que aprender de esto y establecer una metodología de monitoreo de todas las Cortes de Apelaciones y de los Tribunales Menores, que nos permitan saber qué está ocurriendo y que no tengamos esta situación tan dramática como la que hoy está sufriendo la Corte de Apelaciones de Rancagua. Porque no es una situación que vive solo la Corte sino la ciudadanía completa, porque aún la región está en una situación de anormalidad en términos de la justicia”.
Finalmente, Alejandra Sepúlveda, se refirió a uno de los puntos más importantes y debatidos durante la comisión y sus conclusiones, como fue la función de “velar por la conducta de los jueces” que establece la Constitución al Presidente de la República, señalando que “en relación a este tema y sobre todo basados en lo que nos plantearon los abogados constitucionalistas que asistieron, incluso el propio Contralor General de la República, no existe claridad sobre el verbo “velar”, entonces lo que estamos solicitando es que exista una aclaración y profundización en relación a este concepto de velar o, en su defecto, retirarlo de la Constitución, porque al final lo único en lo que se transforma el Ministerio de Justicia es el chequear, si corresponde o no, nombrar a determinados jueces, pero esa no es la intención del Legislador en su momento, sino que el velar significaba qué es lo que ocurre con la conducta ministerial, que a mi juicio hoy no se estaría cumpliendo”.
