La Asociación Nacional de Libros de Enseñanza (Anele) denunció ayer los «mecanismos bastardos» que usan las comunidades autónomas para que los libros de texto «digan lo que ellos quieren y no lo que la ciencia dice», así como una normativa «desaforada» que obliga a poner en el mercado 51.528 títulos. Así lo aseguró Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), al presentar el informe sobre el libro educativo en España para el curso 2019-2020 en el que el precio de los manuales aumentará un 1 % de media. Ávila criticó «el nulo respeto a la libertad de cátedra» que ejercen los consejeros de «todas las autonomías» para lograr sus propósitos y conseguir que de los libros de texto «desaparezcan los ríos, como en el caso de Canarias», para que el conde de Barcelona Wilfredo el Velloso sea «Wilfredo el Piloso, pero no se hable de los Reyes Católicos» (Cataluña) o se cite a la corona catalano-aragonesa, que «no figura en ningún texto de la Edad Media porque no existe». Estos ejemplos que citó se han producido a lo largo de los últimos veinte años.
Ávila criticó que la comunidad valenciana pretendiera en su día sancionar a un director de la RAE (Fernando Lázaro Carreter) por decir en un libro de lengua que el valenciano era un dialecto del catalán y destacó que el «surrealismo» alcanza también a los libros de Formación Profesional (FP), donde la discrepancia se centró en la «explicación del funcionamiento de una caja de cambios» (Castilla-La Mancha), informa Efe.
Según destacaron, estas «presiones» algunas formuladas con un sutil «tengan en cuenta esto...» o «nos gustaría estos comentario» o «les sugiero» se han hecho por parte de algunas consejerías de educación de las comunidades. A ello, denuncian que se une la elaboración de 450 normas autonómicas en los tres últimos años que «amplían las diferencias territoriales entre los alumnos» y dan lugar a 51.528 títulos (33.222 en soporte papel en todas las lenguas oficiales y 18.308 en formato digital).
El presidente de Anele, José Moyano, reclama un pacto por un «currículo homogéneo de sentido común» y recuerda que las editoriales han de cumplir en cada comunidad a la hora de elaborar los materiales educativos la normativa vigente que «debería fundamentarse en el saber científico y el respeto». Moyano indicó que algunas comunidades entre las que se encuentra Cataluña «hay que pasar el filtro de control de adaptación curricular para acceder a los modelos de ayuda», es decir; hacen un desarrollo de las materias y exigen a los editores un depósito y registro de libros de texto para controlar que se adaptan a la normativa.
El informe detecta 17 maneras distintas de estructurar una misma materia docente según la comunidad autónoma y subraya cómo la falta de acuerdo político aumenta la «desigualdad educativa» entre los alumnos españoles y que el acceso de los alumnos a contenidos actualizados, innovadores y de calidad están «cada vez más condicionados por las decisiones políticas» y varían también de una comunidad a otra.
