El independentismo no sale del bucle, y cuanto más se acerca el acontecimiento que «a priori» debe definir la política catalana de los próximos años –la sentencia del 1-O–, más se evidencia la incapacidad de las distintas corrientes del secesionismo para articular una respuesta unitaria. La posibilidad de que Cataluña regrese a un escenario como el de otoño de 2017 es ahora inimaginable, en primer lugar porque a diferencia de entonces el presidente de la Generalitat no lidera nada y los partidos (JpC y ERC) ya ni disimulan sus diferencias.
Una muestra de ello se hizo evidente ayer cuando en Madrid el presidente Quim Torra, con mucha pirotecnia verbal pero ninguna concreción, apeló de nuevo a un escenario de «desobediencia» en caso de sentencia no absolutoria. A la vez, desde la cárcel de Lledoners (Barcelona) Oriol Junqueras (ERC) reclamaba elecciones anticipadas y tendía la mano a los «comunes» para un gobierno de concentración. Estrategias divergentes cuando no ya directamente enfrentadas.
Quizá por ser pronunciadas en Madrid, las palabras de Torra tuvieron más resonancia, aunque no dejaron de ser el ya habitual catálogo de frases grandilocuentes para tapar la falta de una «hoja de ruta» clara y definida, a diferencia de la estrategia de 2017, que si bien luego se constató que era un farol, tenía sus distintas etapas perfectamente definidas. El presidente Torra acudió a Madrid para denunciar que el juicio del 1 de octubre es «injusto» y que la sentencia solo puede ser absolutoria. En caso contrario, la maquinaria independentista volverá a ponerse en marcha: «Si se condena a nuestros compañeros, no aceptaremos esta sentencia y actuaremos en consecuencia». La amenaza prosiguió al afirmar que un veredicto condenatorio implicará «trazar en firme el camino hasta alcanzar la independencia».
La intervención de Torra tuvo lugar en un desayuno informativo organizado por Europa Press, agencia a la que agradeció la «oportunidad» de expresarse sin que sus palabras se pudieran «tergiversar» por la prensa editada en Madrid. Tras este dardo contra los medios volvió a trazar su particular idea de lo que es la legalidad:«Mucha gente piensa que la ley es la ley y que lo que se hace con los catalanes es aplicar la ley, pero entendemos que hay derechos fundamentales y libertades que están por encima de la dura ley española». Entre esas excepciones está la «autodeterminación», apuntó Torra sin salirse del plano del desacato, una bravuconería que no acierta a precisar no obstante cómo se ejercerá ni hasta qué punto él mismo, el Ejecutivo que encabeza o la sociedad catalana a la que apela cumplirán con la amenaza del «lo volveremos a hacer».
Torra, denostado hasta por los suyos, ve como sus proclamas no solo son ignoradas por ERC, sino que voces dentro de su propio Gobierno se desmarcan de la postura más intransigente que él mismo representa. La consejera de Empresa, Àngels Chacón (PDECat), se manifestó ayer claramente en contra de la confrontación económica que supone el «paro de país» por el que abogan Torra, la ANC y el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell. «¿De qué viven?» quienes proponen «un paro indefinido de país», porque una pyme «no se lo puede permitir».
Guiño a los comunes de ERC
El discurso de Torra se producía de manera simultánea al último pronunciamiento de Oriol Junqueras, de nuevo discrepante de la estrategia que define Carles Puigdemont desde Waterloo y trata de aplicar Torra en Cataluña. Así, el líder de ERC volvió a apostar por un gobierno de concentración y la celebración de elecciones como respuesta a una sentencia condenatoria. «El mejor aval siempre es el del conjunto de la ciudadanía», apuntó en una entrevista en la Ser.
«En las circunstancias actuales, sería bueno que el Gobierno de Cataluña represente tanto como sea posible al 80 % de la sociedad catalana que está en contra de la represión y a favor de una solución negociada y de que los ciudadanos de Cataluña puedan decidir su futuro con el voto», señaló el líder de ERC abriendo la mano de nuevo a Catalunya en Comú, formación que, a la vez, reclama a Torra que acabe con la política de «gesticulación».
La advertencia de los «comunes» no es infundada cuando se alude a un Torra dispuesto a hacer de su juicio en el TSJC por no retirar símbolos partidistas en campaña electoral su particular choque con el Estado. La Fiscalía, lo dejó claro ayer, no está dispuesto a ello. Torra es un ciudadano más y como tal será juzgado. Es la idea que subyace de la dura y a la vez irónica respuesta del Ministerio Público al recurso de los abogados de Torra en contra de que el juicio contra el «president» por desobedecer a la Junta Electoral se celebre el 25 y 26 de septiembre. En ese recurso, repleto de consideraciones políticas, los abogados llegan a sugerir que el TSJC vulnera la separación de poderes y tiene prisa por juzgar a Torra, quien, según los abogados, tiene «unas obligaciones, una agenda y, también, unas prerrogativas», informa Jesús Hierro.
«Desafortunado»
La respuesta de la Fiscalía es contundente: «Invocar una serie de prerrogativas que puedan asistir o amparar al acusado para decidir el momento preciso en que debe ser enjuiciado es, cuando menos, desafortunado». Y añade otra consideración: cualquier ciudadano que deba comparecer ante un tribunal «no está ocioso en el sofá de su casa esperando el llamamiento del tribunal, sino que suele tener obligaciones y agenda». Tener que desplazarse a hacer trámites ante un juzgado siempre genera incomodidades, reconoce el fiscal: «No es procedente, en una sociedad igualitaria y democrática invocar, sin mayor concreción, a la existencia de eventuales privilegios».
El fiscal, tirando de ironía, se sorprende también de las quejas de los abogados de Torra por las supuestas prisas del tribunal para juzgarle: «Es de suponer que el letrado conoce sobradamente la prueba que ha propuesto y tiene por ello su línea de defensa trazada, con lo que debiera resultarle indiferente enfrentarse al juicio oral el 25 de septiembre, dentro de diez meses o mañana mismo».
