Los presidenciables: Daniel Martínez (Frente Amplio), Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente), participaron este miércoles 4 de septiembre de un encuentro en la Expo Prado. Durante el evento respondieron a diversas preguntas planteadas por la Confederación […]
Presidenciables en la Expo Prado 2019.
Los presidenciables: Daniel Martínez (Frente Amplio), Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), Ernesto Talvi (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) Pablo Mieres (Partido Independiente) y Edgardo Novick (Partido de la Gente), participaron este miércoles 4 de septiembre de un encuentro en la Expo Prado.
Durante el evento respondieron a diversas preguntas planteadas por la Confederación de Cámaras Empresariales sobre economía, relacionales laborales, el papel del Estado y las primeras medidas que adoptarían en los primeros 100 días de gobierno.
Uno de los temas que estuvo sobre la mesa fue el referido a las medidas en materia de ocupaciones de los lugares de trabajo, protección a la libertad del trabajo, negociación colectiva y adecuación de la legislación laboral a lo requerido por la OIT.
En dicho marco, Martínez manifestó que los Consejos de Salarios deben continuar, la negociación colectiva es determinante y en Uruguay buena parte del crecimiento económico se ha basado en el aumento real del salario.
Dijo que está dispuesto a discutir los “descuelgues” de acuerdo a las características de la empresa, como así lo propuso Lacalle Pou.
Remarcó que la “productividad” debe ser incluida en las negociaciones como un elemento que permita, en base a resultados, fijar parte de las condiciones salariales.
Dentro de la negociación colectiva “debe estar la recalificación permanente de los trabajadores”.
En cuanto a la ocupación, dijo que se ciñe a lo que ha dicho la OIT, la cual no rechaza la ocupación, sino que debe existir una “modernización de las relaciones laborales, y ello implica que deben seguirse determinados pasos y sanciones a ser aplicadas a ambas partes, y garantizar que la ocupación sea la última herramienta aplicable”.
“La OIT no dice ‘no a la ocupación’, sí dice asegurar el derecho de quienes quieren trabajar y el acceso a la propiedad, en un marco de condiciones a ser cumplidas por las dos partes”, remarcó.
También manifestó que la Justicia es la que deberá laudar sobre las reglas de juego.
A su turno, Lacalle Pou dijo que se debe “terminar con las relaciones basadas en el conflicto, el cual debe ser una excepción”. Añadió que gran parte de la responsabilidad la tiene el gobierno actual porque “tiene que ser juez, y no juez y parte”.
Aseguró que modificará los Consejos de Salarios, y se refirió a la posibilidad de impulsar los “descuelgues” por dimensión y momentos de la empresa, actividad, rubro y zonas geográficas.
Lacalle Pou también dijo que derogará el decreto que habilita las ocupaciones “para que la gente pueda trabajar, hacer huelga y defender el derecho de propiedad”.
Por su parte, Mieres expresó que “está claro que la Ley de Negociación Colectiva debe ser modificada para adaptarla a los requerimientos y exigencias de la OIT”.
Aseguró que es partidario de mantener los Consejos de Salarios, también planteó que debe existir “flexibilidad y formas de descuelgue y adecuación a las realidades regionales, territoriales, de tamaño y situación de cada sector”.
Indicó que el Estado “debe volver dar la garantía del rol de arbitraje, la neutralidad que permita asumir a las partes que cuentan con un Estado árbitro, que no está flechado”.
Afirmó que no tiene dudas de que “las ocupaciones deben ser prohibidas, porque no son una extensión del derecho de huelga”.
“Es insólito que en Uruguay tengamos prohibidas las ocupaciones para locales del Estado y no para el sector privado”, sentenció.
Al respecto, Talvi manifestó que entre 2005 y 2014 “se creó todo un marco de organización de las relaciones laborales, con el propósito loable de protección de derechos de los trabajadores, pero era algo que iba a entrar en conflicto cuando vinieran tiempos de estrechez”.
“El FA se gastó lo que no había y creó una red de relaciones laborales que hoy no está protegiendo el derecho de todos los trabajadores, sino sólo el de aquellos que son capaces de preservar su empleo”, dijo.
Propuso “repensar las relaciones laborales para proteger los derechos de los trabajadores, pero también de aquellos que perdieron su empleo y de quienes buscan un primer trabajo”.
Aseguró que mantendrá los Consejos de Salarios, pero “tendrán que cumplir con su cometido esencial que es fijar salarios mínimos por categoría y subcategoría, ya que tienen que tomar en cuenta dónde está operando la empresa para asegurar una vida digna al trabajador y protegerlos de una relación que, por lo general, es de desventaja”.
La negociación colectiva “tiene que ser bilateral y resolver el resto de los asuntos, como por ejemplo: las condiciones laborales y los aumentos”.
Planteó “mecanismos de resolución y prevención de conflictos, tribunales de conciliación y arbitraje los que serán voluntarios”.
Con referencia a la ocupación dijo: “No vamos a leer de canto lo que dice la OIT, porque la ocupación de los lugares de trabajo es contraria al orden jurídico, la Constitución de la República, viola el derecho de propiedad y libertad de trabajo”.
A su turno, Novick se manifestó de acuerdo con mantener los Consejos de Salarios, “pero por empresa y no por rama de actividad”.
“Tiene que haber diferencia entre el salario de un trabajador de un local de 30 metros con respecto al de un local de 1.000 metros cuadrados. No se puede medir a todos de la misma forma, porque se perjudica a las pequeñas empresas que se están fundiendo”, dijo.
Habló de “modernizar la legislación con respecto al trabajo para adecuarla a las nuevas normas laborales”. Al respecto se refirió a una relación “mucho más directa entre empleado y empleador para lograr beneficios para ambos”.
Planteó “cambiar a los sindicatos, los que deberán ser asociaciones civiles, con voto secreto, personería jurídica y balances en la web”.
Al cerrar la ronda sobre políticas laborales, Manini Ríos indicó que “respeta el derecho de los trabajadores, el cual está consagrado en la Constitución de la República”, pero dijo que “no se puede admitir un poder paralelo que condicione el accionar de los poderes establecidos en la Carta Magna”. En tal sentido, aseguró que los que determinan las políticas a seguir son los poderes del Estado.
Propuso “democratizar las relaciones laborales, reglamentar el derecho de huelga de acuerdo al artículo 57 de la Constitución para establecer que todos los trabajadores tengan derecho a decidir si se va a llevar adelante una medida tan fuerte como la huelga, que generalmente afecta a terceros”.
Dijo que mantendrá los Consejos de Salarios, y con respecto a la negociación colectiva manifestó que deben ser por empresas y no por sector.
“Es fundamental la flexibilización laboral, porque hoy hay rigidez en las relaciones laborales que dan garantías a quienes tienen trabajo, pero constituyen un elemento negativo para el acceso a fuentes laborales de miles de uruguayos”, sostuvo.
Aseguró que derogará el decreto que establece el derecho a la ocupación de los locales de trabajo, “porque viola el derecho a la propiedad privada y el de los trabajadores que quieren trabajar”.
