¿Dónde están los 7.000 millones que el Gobierno niega ahora a las comunidades autónomas? Es la pregunta que Bruselas va a trasladar a España en los próximos días. Sospecha que Hacienda está destinando ese dinero a sufragar los polémicos “viernes sociales” de Pedro Sánchez. Va a requerirle que justifique cómo los está financiando.
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes comunitarias conocedoras de la vigilancia a España, en Bruselas no se pasa por alto ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez aprovechó el periodo “pre electoral” para sacar adelante la ampliación del permiso de paternidad, ayudas al alquiler, el subsidio para mayores de 52 años…
Estas medidas fueron aprobadas en varios Consejos de Ministros, semanas antes de las elecciones generales del 28 de abril. Una campaña que se calificó como los “viernes sociales” del Gobierno.
Hacienda argumentaba entonces que este incremento del gasto, al menos en este ejercicio, se compensaría con el aumento de los ingresos por cotizaciones que ha logrado el destope de las máximas, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros y el alza de las contrataciones y las afiliaciones a la Seguridad Social.
Pero ahora a la Unión Europea no le salen las cuentas. Las fuentes en Bruselas consultadas por ECD revelan que la Comisión Europea sospecha que parte de los 7.000 millones que Hacienda se niega a entregar ahora a las comunidades autónomas, alegando que el Gobierno se encuentra en funciones, se están destinando a pagar los “viernes sociales”.
Europa maneja una razón clave para fundamentar sus sospechas. Después de un 2018 en el que España no tomó ninguna medida para corregir el déficit público, el Gobierno se comprometió el pasado mes de abril con la UE a llevar a cabo varias subidas tributarias.
Entre los impuestos prometidos a Europa en aquel momento se encontraba la tasa sobre servicios digitales, conocida como “tasa Google”; el nuevo tributo a las transacciones financieras; la subida del diesel o los repuntes del IRPF a rentas superiores a 130.000 euros y del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas.
Sin embargo, ninguna de las figuras tributarias para aumentar los ingresos ha visto todavía la luz, puesto que el país lleva cinco meses sin un Gobierno con plenas facultades. Hacienda contaba recaudar 6.000 millones con los nuevos impuestos.
Así las cosas, según ha podido conocer Confidencial Digital, la UE va a requerir a España en las próximas semanas que justifique, como decimos, de dónde ha salido el dinero para permisos de paternidad, subsidios a parados mayores de 52 años, ayudas al alquiler…
En la Comisión Europea se tiene en cuenta que el calendario político, con la formación de Gobierno por determinar y sin unos Presupuestos aprobados para 2019, da poco margen para que las subidas de impuestos prometidas entren en vigor este mismo ejercicio.
Por ello, Bruselas da por hecho que España tendrá que incluir ya los incrementos tributarios en las cuentas públicas de 2020. Una circunstancia que aumenta las sospechas de que el dinero retenido a las autonomías se está reservando ahora para financiar las medidas sociales comprometidas hasta final de año.
La mayor parte del impacto presupuestario es culpa del decreto ley de medidas de ámbito laboral, que supone un coste total para el Estado de 1.611 millones. La mayoría de los fondos se centran en el subsidio por desempleo a los parados mayores de 52 años, al que el Ministerio de Trabajo debe destinar este año unos 1.263 millones.
A esta medida hay que añadir la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas. Una medida cuyo coste este 2019 está previsto en unos 373 millones. Sin embargo, su impacto va más allá de este ejercicio y se espera que la ampliación del permiso a las 16 semanas para 2021 acabe sumando unos 1.741 millones más.
A estas iniciativas se suma una de las apuestas rescatadas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado que quedó en el aire en febrero por el rechazo del Congreso a las cuentas de 2019. Se trata de la cotización de las cuidadoras no profesionales de dependientes con cargo al Estado, que representa un coste aproximado de 315 millones.
Hacienda aseguró entonces que estas iniciativas supondrían como máximo un aumento del gasto de 1.113 millones de euros. Sin embargo, las memorias económicas de los proyectos han revelado después que su impacto será finalmente más del doble. Los “viernes sociales” costarán a España, sólo en este 2019, alrededor de 2.800 millones.
