Tras más de un año sesiones de juicio oral, el 17 de diciembre de 2018, la Audiencia Provincial de Sevilla dejaba visto para sentencia el juicio contra una veintena de ex cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el conocido como caso de los ERE, considerado el de mayor corrupción política y donde, presuntamente, se desviaron 741 millones de euros destinados a ayudas sociolaborales a fines muy distintos de los legalmente previstos, sin respetar la normativa vigentes y haciendo caso omiso a las advertencias de la Intervención General y para mantener una «red clientelar» que, en última instancia beneficaba al Partido Socialista.
Ese día, el 17 de diciembre del pasado año, el presidente de la Sala, Juan Antonio Calle, pronunciaba la conocida frase de «visto para sentencia». Las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez integran, junto con el citado ponente, el tribunal que debe dicta la correspondiente sentencia.
Desde entonces ha transcurrido ya ocho meses y 22 días, convirtiéndose en el procedimiento judicial relacionado con la corrupción que lleva más tiempo a la espera de la resolución judicial de los últimos años, sólo superado por el «caso Malaya», donde hubo que esperar, prácticamente, un año y tres meses para conocer el fallo del tribunal.
Y, lo que quizás es peor, no hay todavía fechas previstas de cuándo puede producirse el anhelado por unos y temidos por otros fallo de la Audiencia de Sevilla. «No hay nada previsto y los magistrados siguen trabajando en ella», señalaron a LA RAZÓN fuentes próximas al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esas mismas fuentes especificaron que tampoco se había dictado ningún auto de prórroga para dictar la sentencia.
Pero, hay que tener en cuenta también que ese fallo no pondrá punto y final a este caso, pues bien los procesados o bien las acusaciones recurrirán posteriormente al Tribunal Supremo, con lo que tampoco la decisión final llegará antes del tercer trimestre del próximo año, si nos situamos en el mejor de los escenarios posibles.
Desde que el juicio quedó visto para sentencia han transcurrido tres elecciones: las últimas autonómicas andaluzas, en las que Susana Díaz fue candidata por el PSOE, las generales del pasado 28 de abril y las municipales y europeas del 26 de mayo. Una sentencia que, como todas las relacionadas con casos graves de corrupción, podría haber afectado al PSOE en el supuesto de resultar condenatoria.
