Desde que las primeras caravanas de centroamericanos empezaron a recorrer México el año pasado, las presiones de la administración de Donald Trump crecieron sobre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que frenara el flujo de migrantes.
Sin embargo, la amenaza de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas lanzada en mayo pasado, que podría haber tenido consecuencias catastróficas para las dos economías, fue el desencadenante de toda una crisis que culminó con un acuerdo firmado el 7 de junio que, se adelantó, sería evaluado en 90 días, plazo que culmina el próximo jueves.
Estas son las claves de lo pactado y de cómo ha cambiado la política migratoria en estos tres meses.
México se comprometió a reforzar los controles para contener a los migrantes que entran y transitan irregularmente por el país y a aceptar y dar servicios básicos a todos los solicitantes de asilo del programa conocido como 'Permanecer en México' que fueran devueltos por EU para esperar su proceso en territorio mexicano.
El único compromiso concreto de Washington, además de algunos millones de ayuda a Centroamérica, fue agilizar esos procesos de asilo.
México ha desplegado 21 mil 600 efectivos, entre militares y miembros de la Guardia Nacional, para controlar las fronteras y las rutas migratorias. Además, aumentó los retenes en todo el país e integró un centro de coordinación de operaciones en Monterrey, según el primer informe de Gobierno que dio hace unos días el presidente López Obrador.
También trasladó a miles de solicitantes de la frontera norte hacia el sur, presuntamente para garantizar su seguridad.
Por otra parte, EU está levantando carpas en la frontera, donde realizará parte de las audiencias por videoconferencia para agilizar los procesos.
Estados Unidos tiene menos migrantes en su frontera sur. Por un lado, la Patrulla Fronteriza detuvo en julio a 72 mil personas (frente a las 95 mil de junio y las 133 mil de mayo), lo que hace pensar que menos migrantes han llegado. Por otra parte, ha devuelto a México al menos a 32 mil solicitantes de asilo del programa 'Permanecer en México'.
México ha estado incrementando las detenciones y las deportaciones mes tras mes desde principios de año, y sobre todo en abril, pero, curiosamente, ambas acciones se redujeron, sobre todo el número de arrestos que pasó de 31 mil en junio a 18 mil 700 en julio.
Eso puede sugerir que se está deportando a todos los detenidos -los deportados en julio fueron 18 mil 100, casi el mismo número-, que el flujo de migrantes hacia el norte se ha reducido, o que las redes de tráfico son más exitosas y los migrantes pasan sin ser vistos.
En plena crisis por la amenaza de los aranceles, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió al jefe del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, un sociólogo y académico, por Francisco Garduño, antiguo jefe de las prisiones del país.
Además, encargó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el mando 'de facto' de la política migratoria. Sobre el terreno, se endurecieron los controles y, según el Gobierno, el acoso a las redes de tráfico.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado hostigamiento hacia los propios migrantes, que se acumulan en ambas fronteras y están cada vez más desesperados por la falta de información clara, y hacia quienes rigen los albergues. También han denunciado excesos por parte de policías y militares quienes, teóricamente, no pueden hacer labores migratorias.
EU ha incrementado el retorno de solicitantes de asilo de forma drástica, sobre todo por Texas, hacia el peligroso estado de Tamaulipas. El uso del programa 'Permanecer en México' se está utilizando indiscriminadamente en esta parte de la frontera sin que México se oponga a pesar de que organizaciones internacionales han mostrado su preocupación por la acumulación de migrantes, la inseguridad y la falta de información y servicios.
A principios de abril, la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, presentó su dimisión, pero el presidente Trump endureció después aún más las reglas para que no pudieran solicitar asilo quienes llegaran a Estados Unidos desde México y que fueran originarios de un tercer país.
Además, mandó a enviados a Centroamérica para lograr acuerdos de contención de migrantes, aunque solo concretó uno con Guatemala, que no ha entrado en vigor.
Trump ha hecho comentarios positivos sobre los esfuerzos de México, que también se muestra satisfecho. El canciller Ebrard se ha vanagloriado de haber logrado reducir el flujo sin la necesidad de firmar un acuerdo de 'tercer país seguro', aunque sus críticos dicen que, sin acuerdo expreso, México ya lo es.
En EU, diversas organizaciones civiles han llevado ante las cortes la mayor parte de las medidas contra migrantes del presidente Trump y en México colectivos similares han denunciado el endurecimiento de las medidas de López Obrador. Sin embargo, en ciertos sectores de la sociedad mexicana ha crecido el rechazo a los migrantes y se alabó este giro para que la economía no se viera afectada.
El canciller Ebrard tiene previsto viajar a Estados Unidos el próximo martes 10 de septiembre para evaluar el acuerdo. Si ambas partes están satisfechos es previsible que todo siga igual, aunque la acumulación de migrantes en México puede ser explosiva para este país.
Si Washington no cree que los logros son suficientes, se podría activar el “acuerdo complementario”, suscrito también el 7 de junio y que podría convertir a México en tercer país seguro de EU de forma única o en el marco de un acuerdo regional en el que otros también accedan a ser tercer país seguro de México.
Esta segunda opción podría conllevar el reparto de la carga y la asignación de responsabilidades para procesar solicitudes de asilo entre distintos países de la región, algo por lo que México ha apostado.
