Boris Johnson llevaba toda su vida queriendo ser primer ministro. Lo que no imaginaba es que, una vez en Downing Street, las cosas iban a ser tan complicadas. El líder «tory» cosechó ayer otra gran derrota en la Cámara de los Comunes que obstaculiza su gran promesa de sacar a Reino Unido de la UE para el 31 de octubre, cuando termina la prórroga concedida por Bruselas.
En otra jornada frenética que evidencia una vez más la mayor crisis institucional de la historia reciente del país, la Cámara Baja aprobó –por 329 votos a favor frente a 300 en contra– la propuesta de ley presentada por el laborista Hilary Benn para que, a menos que se llegue a un acuerdo de retirada con Bruselas o Westminster de su consentimiento explícito para salir del bloque sin pacto, el Gobierno solicite una nueva extensión de plazos hasta el 31 de enero de 2020.
La gran humillación para Johnson llegó tan solo 24 horas después de que la oposición le arrebatara el control de la agenda parlamentaria, tras la rebelión de 21 diputados de sus propias filas, entre los que se encontraba Nicholas Soames, nieto del mismísimo Winston Churchill. Al cierre de esta edición, los diputados se encontraban votando distintas enmiendas. Pero se daba por hecho que el proyecto de ley pasaría a la Cámara de los Lores donde, a pesar de que los «brexiters» van a intentar poner todo tipo de trabas, hay una clara mayoría pro UE.
El objetivo ahora es aprobar la ley por la vía rápida, tan pronto como el viernes, ya que la actividad de Westminster quedará suspendida del 10 de septiembre al 14 de octubre tras el órdago que logró sacar adelante el «premier» el mes pasado, precisamente para intentar que los diputados no obstaculizaran sus planes.
Lo cierto es que el ambiente que se respira en la política británica es de completo caos. Como muestra de ello, entre las enmiendas presentadas ayer al proyecto de ley, un grupo de laboristas llegó a solicitar que se votara de nuevo el Acuerdo de Retirada que la ex «premier» Theresa May cerró con Bruselas a finales del año pasado. El pacto ha sido rechazado hasta en tres ocasiones en la Cámara Baja, pero algunos diputados creen ahora, a la desesperada, que puede ser aún una opción para evitar el temido divorcio a las bravas.
Johnson se niega por activa y pasiva a pedir una nueva extensión de plazos. Por lo que, al cierre de esta edición, se daba por hecho que, tras la nueva derrota, el «premier» iba a solicitar esta noche convocar elecciones anticipadas. En cualquier caso, la debilidad de su Gobierno le complica la capacidad de maniobra. Para llevar a cabo nuevos comicios, Johnson debe recabar el apoyo de dos tercios de la Cámara Baja (434 diputados), algo cada vez más difícil después de haber perdido el martes su frágil mayoría de un solo diputado, tras la deserción del «tory» Phillip Lee hacia las filas de los liberal demócratas.
Para poder convocar elecciones antes de la próxima cumbre europea del 17 y 18 de octubre, el «premier» debería obtener el beneplácito de gran parte de la oposición. Pero los laboristas de Jeremy Corbyn no quieren sacar las urnas hasta que no se solicite oficialmente a Bruselas una nueva prórroga. Aunque el proyecto de ley que se debate esta semana en Westminster logre convertirse por la vía rápida el viernes en normativa, los laboristas no se fían del «premier». Si se convocan elecciones para mitad de octubre y Johnson gana, podría derogar sin problemas la ley y llevar a cabo su Brexit sin acuerdo.
En cualquier caso, la líder de los independentistas escoceses, Nicola Sturgeon, podría jugar un papel clave. La nacionalista manifestó ayer en Twitter que si la ley para forzar una nueva extensión es aprobada esta semana, se deberían convocar elecciones anticipadas antes del próximo martes, cuando se suspende la actividad en Westminster.
Tras la dimisión de la carismática Ruth Davidson, líder de los «tories» escoceses, está claro que el SNP quiere recuperar su «momentum» y volver a plantear un nuevo referéndum de independencia. En definitiva, caos y más caos en la política británica.
La única buena noticia para el primer ministro es que ayer logró ganar su primera batalla legal, después de que la Justicia escocesa dictaminara que actuó legalmente al decidir suspender temporalmente el Parlamento.
El Tribunal de Sesiones de Edimburgo consideró que la acción de clausurar la Cámara de los Comunes «no contraviene la ley», porque es un poder reservado al Ejecutivo, y precisó que sus implicaciones se constriñen únicamente al ámbito político y no al judicial. «Éste es un territorio político y la toma de decisiones no puede medirse con estándares legales, sino solo con valoraciones políticas. La rendición de cuentas [por parte del Gobierno] corresponde al Parlamento y, en última instancia, al electorado, no a los tribunales», sostuvo el juez Lord Raymond Doherty.
Los firmantes de la demanda –entre la que se encuentra la líder de los liberales demócratas, Jo Swinson, y varios parlamentarios laboristas e independientes– recurrirán la decisión ante el Tribunal Supremo. Con todo, la acción no prosperará previsiblemente hasta el 17 de septiembre, con lo que Johnson logra así cierto oxígeno en un momento político arduamente delicado.
