Los ayuntamientos se sumarán en breve al motín de las comunidades autónomas contra el Gobierno por retenerles miles de millones de euros en entregas a cuenta pendientes de repartir. El Ministerio de Hacienda también debe pagar a las entidades locales unos mil millones de euros por el mismo concepto, calculan a ABC fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Al igual que las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, Hacienda actualiza en los Presupuestos los ingresos a repartir a los municipios por su participación en tributos como el IVA o el IRPF. Como se prorrogaron las cuentas, también lo hacen estos ingresos con algunos cambios, lo que deja a los consistorios sin el alza prevista de la recaudación. Al igual que con las regiones, Hacienda señala que un Gobierno en funciones no puede aprobar esta medida, aunque sí lo pudo hacer antes de las elecciones mediante un decreto-ley.
Si la actualización de las entregas a cuenta no se soluciona este año, tanto las comunidades autónomas -con 4.739 millones de euros pendientes en entregas a cuenta y liquidación- como las entidades locales -con unos mil- no verían este dinero hasta 2021, cuando se realiza la liquidación a dos años vista.
Este nuevo bloqueo financiero se suma al que sufren las autonomías y que ha sido denunciado fuertemente por el Partido Popular. De hecho, los populares preparan una «intensa ofensiva» para denunciar esta situación que puede poner en serios apuros a varios ayuntamientos del país, especialmente en el último trimestre del año, pues es a partir de octubre y noviembre cuando comienzan a intensificarse las tensiones de tesorería. Tras las elecciones de mayo, el PP gobierna en consistorios como Madrid, Zaragoza y Málaga.
Según fuentes del grupo parlamentario popular consultadas por este diario, se pondrá en marcha una batería de medidas similares a las que se han impulsado esta semana para denunciar la utilización de los fondos autonómicos por parte del Gobierno como elemento de presión política.
Por ello, se pedirá también la convocatoria de una Comisión Nacional de Administración Local -el equivalente al Consejo de Política Fiscal y Financiera- para abordar este asunto. Si bien los municipios en su conjunto cuentan con superávit, este se redujo fuertemente en el primer trimestre a 119 millones (0,01% del PIB), su menor nivel en ocho años y cuatro veces más bajo que el que cosecharon hace un año. Ello se debió al fuerte aumento del gasto del 6,4%, justo antes de las elecciones municipales de mayo.
Pero lo cierto es que la situación que viven los ayuntamientos es muy similar a la de las autonomías. Por un lado, el Ejecutivo en funciones ha bloqueado las entregas a cuenta aludiendo a su interinidad. Pero además, los ayuntamientos afrontan una segunda variable que agudiza el desfase entre los fondos presupuestados y los realmente ingresados. Otro factor que eleva las tensiones que sufren comunidades autónomas y ayuntamientos este año es que ambas administraciones deben hacer frente también a la subida de los salarios de los empleados públicos a la que dio luz verde el Gobierno.
Subida salarial
En concreto, el pasado mes de junio, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el cual se elevó el sueldo un 0,25% adicional a los empleados públicos a partir de julio, alza que se suma al 2,25% aprobado previamente y que establece en un 2,5% el alza salarial de los empleados públicos este año.
El acuerdo alcanzado con los sindicatos por el predecesor de Montero, el exministro Cristóbal Montoro, establecía que si el PIB crecía más de 2,5% en 2018, como así fue, se añadiría un 0,25% adicional a la mejora salarial de los funcionarios aprobada el 1 de enero y que se fijó en el 2,25%. Al ser esta una ley estatal pero que afecta también al ámbito de las corporaciones locales, es el Estado quien transfiere estos fondos, generalmente vía Presupuestos Generales del Estado, tanto a ayuntamientos como a comunidades, algo que tampoco se ha efectuado.
Si bien en el proyecto de Presupuestos para 2019 se consignaba un aumento de recursos para las entidades locales de 1.246 millones de euros, tanto la FEMP como Hacienda señalan que la prórroga presupuestaria permite aumentar ligeramente los recursos. Como fuere, el malestar entre los consistorios va «in crescendo».
Montero convocará el Consejo de Política Fiscal antes de final de año
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anunció ayer tras abandonar el Congreso de los Diputados que convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera «antes de final de año», para abordar la actualización de las entregas a cuenta. El Ministerio se pliega así a la solicitud de comunidades gobernadas por el PP como Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León esta semana. Realmente, el reglamento del Consejo de Política Fiscal obliga a Hacienda a convocar esta reunión antes de que acabe 2019, ya que «el Consejo habrá de reunirse, como mínimo, dos veces al año», señala el artículo 6. El Consejo de Política Fiscal se convocó por última vez hace más de un año. El reglamento también prevé la convocatoria si un tercio de los miembros del Consejo de Política Fiscal lo piden.
