Tras la consulta pública organizada por el organismo estatal, la Comisión decide interponer el recurso ante la SCJN
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la llamada "Ley Garrote", que trata de modificaciones al Código Penal de Tabasco y busca castigar los cierres en accesos a distintas obras públicas o privadas mediante la extorsión.
El titular de la CEDH, Pedro Calcáneo Argüelles, mencionó que tras la consulta pública vía redes sociales, correos electrónicos u oficios, se recibió de la ciudadanía 504 opiniones, entre las que sustentan con razones la necesidad de la acción de inconstitucionalidad o en contrario.
En rueda de prensa, comentó que el procedimiento puede ser largo, pero ya está en la cancha de la Corte el recurso interpuesto desde ayer, que además de la consulta pública se sustentó en un análisis técnico de la CEDH sobre las reformas al Código Penal.
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"Concluimos que era importante que la Suprema Corte decidiera si hay armonía entre los derechos de manifestación y de libertad de expresión y todo eso, con los tipos de conductas que se pretende contemplar en esta reforma", apuntó.
En la consulta, dijo, el 64 por ciento de las opiniones no tuvieron relación con el tema, mientras el 23 por ciento de las opiniones externó razones para interponer la acción, mientras un 13 por ciento lo hizo en contra.
El organismo realizó la consulta pública del 4 al 20 de agosto, luego que el 29 de julio el Congreso del Estado aprobó las reformas, que entraron en vigor el 1 de agosto tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
#ÚltimaHora | Pedro F. Calcáneo Argüelles presidente de la @CedhTabasco, informó que el día de ayer (miércoles) se promovió una acción de inconstitucionalidad ante la @SCJN sobre la Reforma al Código Penal de Tabasco (#LeyGarrote) pic.twitter.com/G1q7cXb9fc
— XEVA TABASCO (@XEVATabasco) August 29, 2019
La controvertida reforma ha contado con voces a favor y en contra, como la del presidente de la Coparmex estatal, Ricardo Castellanos, para quien la modificación legal fue para combatir la extorsión en zonas donde personas con armas blancas y una lía impedían entrar tanto a maquinaria como a trabajadores a los complejos petroleros y exigían el pago de un "moche" o cuotas para darles el acceso.
JM
