El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha asegurado este jueves que la decisión de acudir a la Fiscalía Superior de Andalucía por la actuación de Magrudis en el brote de listeriosis se adoptó este miércoles una vez que los inspectores del Ayuntamiento de Sevilla constataron que «se había hurtado información relevante para seguir actuando contra el brote y tenerlo localizado».
Estas declaraciones hacen referencia a que los inspectores se apercibieron de la devolución de productos como chorizos y morcillas no contemplados hasta ahora como parte de la producción de Magrudis, y ha informado que «en la mañana de hoy se terminará de preparar ese informe jurídico para trasladar estos hechos a la Fiscalía», así como ha dejado en manos de este órgano judicial la determinación de la responsabilidad penal porque «nosotros no dictaminaremos eso y será la justicia la que deba determinar si ha habido mala fe».
En una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser que ha recogido Europa Press, el alcalde de Sevilla ha considerado que la información facilitada por Magrudis hubiera sido «mejor de más que de menos» y, aunque ha estimado que es «probable» que los lotes de chorizos y morcillas descubiertos con las devoluciones de mercancía «no estén contaminados», ha insistido en que «todo debería haber sido comunicado», una vez que la empresa aseguró a los inspectores que «eran productos descatalogados».
«Va quedando claro que la empresa no ha aportado toda la información», ha argumentado el alcalde de Sevilla, quien ha proseguido considerando que «la organización de esta empresa deja mucho que desear». Espadas ha considerado que existen «elementos sustanciales para analizar la responsabilidad penal» y ha situado la gestión del Ayuntamiento en «poner todas estas pruebas a disposición de la justicia». «La responsabilidad está ahí y si algo no se ha hecho bien, se tendrán que acatar las consecuencias», ha apostillado Espadas.
El alcalde de Sevilla ha explicado que Magrudis figuraba como «pequeña empresa agroalimentaria, catalogada como categoría C», circunstancia que determinaba que contaba con «un sistema de autocontrol» y por ello «se autorresponsabilizaba de hacer una analítica externa» y ha confirmado que los inspectores del Ayuntamiento de Sevilla comprobaron en junio que «los controles se habían hecho y que los resultados no habían sido positivos».
Espadas ha señalado entonces que «la investigación se centra en qué ha podido suceder en julio o con la ampliación de la actividad», convencido de que «con los resultados de la analítica se desprende que no hubiera problemas anteriores a junio» y ha recordado en este sentido que la «investigación sigue en curso».