Tras dos prórrogas presupuestarias, la aprobación de las cuentas de 2020 en Cataluña se ha hecho más imprescindible que nunca. Para entrar en la negociación con buen pie, el Govern tiene previsto plantear un sustancial aumento en el gasto social, un guiño dirigido principalmente a los «comunes», aunque también a la CUP y el PSC, que ahora están abiertos a colaborar. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, proyecta un incremento de 2.500 millones de euros con respecto a los presupuestos de 2017 –son los últimos que se aprobaron– y 795 millones de euros con respecto a los presupuestos fallidos de 2019, que finalmente no llegaron ni a tramitarse.
Este aumento del gasto irá dirigido, principalmente, a tres áreas de gran sensibilidad: seguridad, sanidad y educación, según adelantaron ayer «Catalunya Ràdio» y «Rac 1» y confirmaron desde la vicepresidencia de la Generalitat a este diario. El objetivo es destinar este dinero a engrosar las plantillas de Mossos d’Esquadra y Bomberos con nuevas promociones, financiar las plazas de guardería, rebajar las tasas universitarias o actualizar la sanidad. También, según explicó ayer el conseller de Territorio, Damià Calvet, en los nuevos presupuestos se daría «prioridad» a avanzar en las obras de la L9 de Metro, una infraestructura clave para Barcelona pero que acumula mucho retraso por los permanentes problemas de financiación.
En cualquier caso, los presupuestos se han convertido en la llave de la continuidad de este Govern. Sin cuentas, el adelanto electoral se hará del todo inevitable. De hecho, Aragonès ya alertó hace una semana de que sería «insostenible» para los servicios públicos. En este sentido, durante los últimos meses han menudeado las movilizaciones protagonizadas por el sector médico y educativo. También los Mossos y los Bomberos han salido bastante a la calle para hacerse escuchar. Este escenario tan tensionado ha forzado ligeros movimientos entre los partidos de la oposición: algunos de ellos se muestran ahora mucho más accesibles para negociar las cuentas. Entre ellos, la CUP y el PSC, que han ejercido una férrea oposición durante los últimos tiempos, pero ahora tienden la mano. Los «comunes», por su parte, han estado siempre: hace poco más de un mes, Ada Colau planteó la posibilidad de intercambiar apoyos con los partidos independentistas para que prosperen las cuentas de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.
Pese al contexto, más propicio que en la negociación de los presupuestos de 2019, tampoco se antoja fácil. Los «comunes» ya advirtieron ayer de que no entregarán «ningún cheque en blanco» y acusaron a Aragonès de «electoralista», igual que la CUP, que recriminó que diera a conocer sus planes a través de la prensa en lugar de trasladarlo en una reunión. El PSC, por su parte, advirtió de que no apoyará al Govern si no rectifica la vía de la «confrontación». La ronda de contactos de Aragonès con los grupos parlamentarios arrancó ayer, con reuniones con JxCat y ERC.
