La escalada de delincuencia en Barcelona no sólo está pasando factura a los habitantes de la ciudad condal y a los turistas. También está comenzando a afectar de manera seria a los jueces que ejercen en la capital catalana.
Confidencial Digital ha contactado con varios magistrados que han ofrecido su testimonio personal del ejercicio de la carrera en estos momentos, cuando el número de robos con violencia ha aumentado un 31% durante el primer semestre de este año (del 58,6% acumulado en tres años), según publicó El Periódico de Cataluña.
Sólo entre enero y junio, se presentaron 67.276 denuncias por hurto en Barcelona, sin contar los robos con y sin violencia u otros delitos como las agresiones o las agresiones sexuales.
Los jueces contactados por ECD se muestran “preocupados” por una opinión cada vez más generalizada según la cual la Justicia no castiga lo suficiente a los delincuentes y en especial a los reincidentes, ya que muchos de ellos quedan en libertad tras pasar a disposición judicial.
Estos magistrados señalan que se trata de una opinión infundada, ya que se les aplica la ley “como al resto de detenidos” en otras circunstancias, cuando el número de delitos era menor en Barcelona.
Sin embargo, a la vez señalan que la escalada de delincuencia les está dificultando el trabajo, hasta el punto de que algunos días han llegado a quejarse: “no damos abasto con tantos asuntos”.
Achacan la situación a una circunstancia muy concreta: el reparto de las cargas de trabajo, que en algunos casos, les obliga a “dedicar no más de diez minutos a un procedimiento” si se quiere cumplir con los estándares aprobados por el CGPJ.
“Si otros años la situación ya era preocupante, ahora que las denuncias no dejan de aumentar, es peor todavía”, manifiestan a este confidencial.
Lo ilustran con un ejemplo: “quizá lo más alarmante de Barcelona es el fuerte carácter de reincidencia de muchos de los delincuentes”, que se sienten impunes “porque no les enviamos a prisión” y por tanto vuelven a delinquir.
“Se nos echa la culpa porque no les mandamos a prisión”, explican estos jueces, “pero para que podamos ordenar su ingreso en un centro penitenciario, debe haber necesariamente tres condenas firmes por los mismos delitos en los últimos seis meses”.
Según cuentan a este confidencial, “al ritmo que vamos, eso es imposible”. “Si tenemos que alcanzar un mínimo de asuntos resueltos para mantenernos en los estándares y poder mejorar en la carrera, es inviable”, aseguran.
Este nivel de eficacia no les deja más remedio que “elegir entre enfermar o resolver con la puesta en libertad y confiar en que la detención haya surtido efecto y les disuada de volver a delinquir”, algo que no suele ocurrir.
“Es la pescadilla que se muerde la cola”, lamentan, ya que una sentencia condenatoria exige “un estudio más serio, lógicamente, que el de un auto”, y el ritmo de trabajo les impide “entrar al fondo del asunto y fundamentar bien la pena de prisión”.
Las quejas por la sobrecarga de trabajo no son nuevas en la carrera judicial. A finales de julio, Jueces y Juezas para la Democracia denunció al CGPJ y al Ministerio de Justicia ante la Inspección de Trabajo por la situación laboral de los jueces de lo social de Barcelona, Tarragona y Reus.
Además, está pendiente la sentencia de la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada por las asociaciones judiciales contra el CGPJ por este mismo asunto.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente ampliaron la denuncia a Justicia y a las comunidades autónomas con la competencia transferida.
