La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha advertido del problema de escasez de vivienda pública en la región. La oferta no cubre la demanda, advierten, y hace falta fomentar la colaboración público-privada. A su juicio, las administraciones «suspenden» en políticas de vivienda y la iniciativa privada en este campo «ha desaparecido».
De acuerdo con los datos de esta entidad, en los últimos 30 años se han puesto en el mercado inmobiliario de España una media anual de 75.000 viviendas protegidas. Pero «a partir de 2010, la producción de vivienda pública se desploma».
De 50.000 a 100.000 al año
Lo habitual, recuerdan, era que se mantuviera «una horquilla de 50.000 a 100.000» viviendas públicas iniciadas anualmente, lo cual permitía a los promotores sobrellevar las fluctuaciones en el mercado de la vivienda libre, en función de los ciclos inmobiliarios. Servía además, recuerdan, «como estabilizador social, puesto que un gran número de familias tenían acceso a la vivienda».
Los responsables de Asprima son muy críticos con los gobiernos regionales en este aspecto: cree que «todos suspenden en política de vivienda». Lo mismo ocurre en Madrid, donde pese a contar con más del 50 por ciento de las viviendas del total nacional, «no llega a cubrir las necesidades actuales de vivienda social que requieren los madrileños».
La Asociación de Promotores Inmobiliarios madrileños cree que el principal punto de conflicto estriba en «el elevado coste de producción de vivienda», dado que «en el caso de la vivienda social, el precio final no alcanza a cubrir los costes de producirla».
Es por ello que desde la entidad solicitan a la Administración regional «la puesta en carga de todo el suelo destinado a vivienda social retenido en los distintos organismos públicos», la «reducción de las cargas burocráticas ligadas a la promoción de viviendas», disminuir «la fiscalidad sobre la vivienda» y dar estabilidad a la financiación hipotecaria y la seguridad jurídica en urbanismo.
Además, recomiendan a los gobernantes «atraer fondos de inversión que financien los proyectos» mediante las fórmulas de colaboración público-privada; flexibilizar la normativa burocrática, y «cambiar el tipo impositivo a las vivienda sociales».
