Mark Morgan, al frente de la CBP, el organismo al cargo de las Aduanas y de la Patrulla Fronteriza, explicó ayer ante las cámaras de la cadena Fox que estamos ante un cambio de paradigma en las políticas migratorias. Al menos si la Casa Blanca saca adelante su plan para que los menores de edad sin papeles de residencia puedan ser retenidos de forma indefinida. La medida, quye podría entrar en vigor en 60 días, liquida la Cláusula o Acuerdo Flores, que en virtud de una sentencia del Supremo de 1993, establece un límite máximo de 20 días. Después los niños deben entregarse a un padre, un familiar, un tutor autorizado o centro de menores. En opinión de Morgan, «esto cambia las reglas del juego. Debido al acuerdo de conciliación actual de Flores, todo el mundo sabe que si detienes a un niño, ése será su pasaporte a EE UU porque no podemos retenerlo más de 20 días. Eso no es suficiente para pasar por los procedimientos de inmigración. Eso es coger y salir. La nueva regla abordará esto».
Más que de periodo indefinido Morgan habló de unos 50 días de retención. Pero la duración quedaría al albur de las autoridades de inmigración, libre ya de protecciones y límites. En cuanto a las posibles demandas, explicó que sin bien las esperan, no cree que salgan adelante. «El pueblo estadounidense, añadió, necesita entender que esto cambia las reglas de juego y que necesita ser aprobado. Eliminará absolutamente una parte significativa de esta crisis».
Sus palabras siguen el guión marcado por el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, cuando explicó que «la nueva regla restablecerá la integridad de nuestro sistema de inmigración y eliminará el principal factor de atracción que alimenta la crisis».
Si miramos hacia el pasado, encontramos que la actual Casa Blanca ya trató de revocar Flores en enero de 2018, pero una juez del Distrito Federal en Los Ángeles sentenció en contra. Entre tanto, el 14 de agosto, la Casa Blanca anunció una nueva regla, diseñada para evitar que los inmigrantes legales puedan obtener la tarjeta verde y, por tanto, convertirse en residentes permanentes, si las autoridades estiman que son potenciales beneficiarios de ayudas federales y otros servicios sociales.
Una maniobra que provocó la condena unánime de las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, como el Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes (USCRI), que en un comunicado explicó que «si bien la autosuficiencia económica siempre ha sido un criterio para otorgar la residencia permanente, esta nueva política convertirá el estado financiero del solicitante en el factor central en el proceso de aprobación. La decisión de determinar la probabilidad de convertirse en una carga pública se basará en la edad, salud, estado familiar, activos, recursos, estado financiero y educación del solicitante». Para la USCRI la regla final «tendrá un impacto significativo en nuestra economía y en la salud y el bienestar de las familias inmigrantes que tienen derecho legal a acceder a los beneficios del Gobierno» por más que los «inmigrantes legales que trabajan en industrias clave como la construcción, la minería, la hostelería, el comercio y el transporte obtienen unos ingresos totales al año de 96.000 millones de dólares» y «pagan miles de millones de dólares en impuestos cada año».
Siguiendo un estudio del New Economy Research Fund, estiman que si «a los inmigrantes legales se les niega el acceso a la residencia permanente y se les obliga a abandonar el país, los efectos económicos indirectos de esta pérdida totalizarían 68.000 millones de dólares» y «el costo total podría ascender a los sorprendentes 164.000 millones».
En cuanto al cuestionamiento del Acuerdo Flores y la insistencia de la Administración Trump en explicar que el primero que rompió las familias fue Obama, cabe recordar que, en efecto, la anterior Casa Blanca abrió centros de detención para familias después de una crisis en la frontera. En junio de 2018, Trump sostuvo que «como resultado de las lagunas respaldadas por los demócratas en nuestras leyes federales, la mayoría de las familias de inmigrantes ilegales y menores de América Central que llegan ilegalmente a la frontera no pueden ser detenidos o retirados juntos, solo liberados».
