El Gobierno en funciones ha formulado un «requerimiento de incompetencia» para declarar negligente el Plan Estratégico de Acción Exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022 de la Generalitat de Cataluña, aprobado el pasado 25 de junio, por considerar al Ejecutivo autonómico incompetente para desarrollar las competencias que reflejan.
«El Gobierno de España ha acordado requerir de incompetencia al Gobierno de Generalitat de Cataluña en relación con su Plan Estratégico de Acción Exterior por considerar que excede del ámbito de acción del Gobierno de Cataluña», ha expresado la ministra portavoz, Isabel Celaá. «Es un paso previo al recurso de inconstitucional, que pretende poner de manifiesto a la Generalitat que está asumiendo funciones que no son de su competencia», ha especificado después.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, que asume también el departamento de Política Territorial desde que Meritxell Batet fue nombrada presidenta del Congreso, ha explicado que el requerimiento de incompetencia es un procedicimiento que se utiliza cuando se cree que algo es «lesivo» para la Carta Magna como en este caso. «Es una oportunidad para que el Govern modifique lo que considere y cumpla con la Constitución», ha explicado Planas, que asegura que si no lo hacen, se redactará un recurso de inconstitucionalidad. La Generalitat tiene 30 días para responder.
Planas ha asegurado que en el texto, escrito en catalán e ingles, hay una «omisión sistemática» de la existencia de Cataluña en España, así como «expresiones equívocas de un uso torcido del lenguaje de términos tales como el de ministro referido a los consejeros autonómicos».
Por otro lado, el Gobierno en funciones ha vuelto a esgrimir la falta de Presupuestos Generales del Estado y su interinidad para explicar que aún no se han actualizado las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. El Estado debe a las autonomías un total de 4.739 millones de euros, pero aseguran que estando en funciones tienen las manos atadas cumplir con los impagos.
«No es una cuestión de discrecionalidad para el Gobierno ni de voluntad política. Es una cuestión del cumplimiento de la ley", ha explicado la ministra portavoz, Isabel Celaá, preguntada por la asfixia financiera a los Ejecutivos regionales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Pero para ello es preciso estar en plenitud de funciones y este Gobierno está en funciones, pero no en plenitud de funciones», ha continuado.
Como publica hoy ABC, es el mismo argumento que el ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, está utilizando para justificarse. La Moncloa se ampara así en una resolución de la Abogacía del Estado que recuerda que actualizar el pago por decreto ley, es decir, por vía urgente, excedería la acción prevista para un Gobierno interino. «No tenemos Presupuestos Generales del Estado porque algunos de aquellos que hoy lo reclaman dijeron no a ellos», ha atizado Celaá, en referencia a los partidos independentistas que tumbaron la aprobación de las cuentas en febrero.
