A los centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (Arrmi) llegan chavales que, en la Comunidad de Madrid, deben cumplir con las medidas judiciales impuestas por los delitos que han cometido. Un tiempo que, lejos de ser un castigo, es una oportunidad que los técnicos del Arrmi aprovechan para alejar de la delincuencia indefinidamente a esos jóvenes. Para ello utilizan un modelo de intervención que ha logrado que la Agencia tenga una tasa de reinserción del 90%.
Dicho modelo se basa en un programa desarrollado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid que ha contado con la participación de 200 profesionales y es una de las herramientas básicas para el éxito en la reinserción. Se denomina Previ-a y, mediante 64 indicadores, agrupados en seis apartados, se evalúa en cada caso las necesidades del menor infractor de modo que su atención sea lo más especializada posible, obteniendo así los mejores resultados para cuando termine su tiempo en los centros del Arrmi.
Cuando llega uno de los chavales con medidas de internamiento o libertad vigilada superiores a doce meses, se activa inmediatamente un equipo multidisciplinar –formado por psicólogos, educadores y trabajadores sociales–, que utiliza Previ-a para establecer, desde el primer día, un tratamiento especializado para evitar que vuelvan a cometer actuaciones delictivas. Según explica Luis González Cieza, responsable del área de Estudios, Programas y Formación de Arrmi, «esa valoración previa nos dice qué cosas debemos atender especialmente para focalizar la atención a los aspectos significativos en cada caso».
El Previa-a establece, en cada uno de los indicadores de los aspectos personales, sociales y del entorno, un nivel de riesgo que va desde 0 a 3 puntos. «En total son 140 puntos de riesgo que, en los tres primeros meses, ya logramos reducir a 125 y, en la segunda evaluación, a 114», asegura González Cieza, que detalla que se centran en los aspectos más graves para empezar a reducir el riesgo en ellos cuanto antes. Así, cada tres meses se vuelve a aplicar el programa para comprobar como evoluciona el tratamiento y en qué aspectos hay que modificarlo. Hay que tener en cuenta que una de las principales cuestiones que se evalúa es el nivel de gravedad de los delitos cometidos. Para ello, se tiene en cuenta la presencia de violencia, la asunción del daño que ha producido a los demás, la asistencia en el ámbito escolar o laboral, la capacidad para anticipar las consecuencias de la conducta, la ocupación del tiempo de ocio y las pautas educativas contradictorias, incoherentes o inconsistentes.
Otra de las áreas que evalúa el Previ-a tiene que ver con la relación social. Desde la familia hasta otros internos y también con profesores y tutores, puesto que durante la ejecución de medidas también deben continuar con sus estudios o retomarlos. Y es que no hay que olvidar que son menores de edad, influenciables y cuyo entorno es fundamental a la hora de inducirles a la comisión de delitos. «Una vez finaliza la medida hay que seguir trabajando con la familia y los servicios sociales para evitar situaciones de riesgo», detalla el responsable del área de Estudios, Programas y Formación de la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.
El éxito del proyecto que se aplica desde el curso 2014-15, con un programa piloto, y a partir de 2016, con la herramienta en pleno rendimiento se puede cuantificar: se ha reducido el riesgo de reincidencia de los menores infractores en un 21%. Además, se ha conseguido mejorar la evolución de los menores en ocho de cada diez casos. Desde que se empezó a aplicar el Previ-a, 667 han sido evaluados y, de ellos, un 61% (406) ya ha finalizado el proceso. Antes de utilizar esta herramienta, el 45,3% de los jóvenes que llegaban a la Agencia con medidas judiciales presentaba un riesgo muy alto de reincidencia, porcentaje que se ha logrado reducir en un 14,8% al finalizar el proceso. Donde mejores resultados se han obtenido ha sido en los 281 menores que tenían medidas judiciales superiores a nueve meses. Entre ellos, se ha podido reducir el riesgo de reincidencia hasta en un 24% y en nueve de cada diez casos la evolución de cada uno de ellos ha sido muy positiva.
En detalle, los mejores resultados de esta herramienta de evaluación se pueden comprobar en cuestiones tan fundamentales como el uso de estupefacientes, que se encontraba cerca del 90% antes de su aplicación. «El consumo de drogas está disparado antes de llegar al centro, con un 87% al entrar y es una de las cuestiones a las que se da una puntuación más alta en el Previ-a», señala González Cieza. Al salir, se ha reducido al 31%.
Experiencia de éxito
También es determinante la aplicación de este proyecto en la reducción del riesgo del absentismo escolar, que pasa del 82,8% al 25,5%. «Al igual que ocurre con las drogas, el absentismo es uno de los indicadores más importantes de éxito. Si conseguimos que retomen la formación es uno de los mejores predictores de que van a mejorar», apunta el responsable del Arrmi. Para estos chavales, que han vivido fundamentalmente el fracaso en casi todos los ámbitos, es muy importante regresar a sus estudios porque supone una experiencia de éxito. «Cuando ven que aprenden, estudian y consiguen aprobar, y se están posibilitando un futuro, les motiva mucho», asegura González Cieza.
Del mismo modo, Previ-a logra reducir de forma muy importante otro comportamiento que contribuye a que acaben convirtiéndose en menores infractores. Se trata del ocio no productivo, como estar en el parque sin hacer nada o solo consumiendo drogas, que el programa logra disminuir a menos de la mitad, del 78,5% al 30,8%. «En los centros, el ocio siempre es productivo, con actividades en los tiempos de ocio, ya sean deportivas o talleres y siempre con un educador», añade el responsable de Estudios.
Para la Consejería de Justicia, el Previ-a es el mejor ejemplo del trabajo que se desarrolla con los menores infractores a través de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. «Es una iniciativa desarrollada por los propios profesionales de la Agencia, en colaboración con especialistas del mundo universitario; que, desde el rigor científico, tiene una aplicación muy práctica y con resultados visibles y tangible; y que está centrada en lo que es nuestro objetivo principal: que los menores no vuelvan a delinquir, tengan una segunda oportunidad en la vida y puedan reintegrarse con normalidad en su entorno social y en el mundo laboral», apunta la consejera, Yolanda Ibarrola.
