El 17 de agosto de 2017, padecimos un atentado terrorista múltiple con epicentro en las Ramblas barcelonesas y Alcanar, y réplicas en otros lugares próximos. El balance de víctimas ascendió a 16 fallecidos y más de 150 personas heridas, de 26 nacionalidades. Este atentado tuvo gran similitud logística con el ocurrido en París el 13 de noviembre de 2015, que comenzó en el Stade de France y culminó en la sala de fiestas Bataclan. La autoría de ambos fue asumida por el DAESH.
Por aquellas fechas, ocurrieron atentados similares en Bruselas, Londres, Berlín, Niza..., pero la singularidad de los de Cataluña no es de tipo operativo, sino político. La situación que ha provocado el proceso independentista, con una fractura social sin precedentes, ha contaminado totalmente el ambiente político.
La alcaldesa de Barcelona que, por cierto, no tenía colocados los bolardos preventivos en una ciudad amenazada y que padece una grave situación de percepción objetiva de inseguridad con tres homicidios perpetrados en ocho días, no tiene mejor idea que la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre los atentados. Por su parte, el portavoz de ERC en el Ayuntamiento, afirmó que «el 1 de octubre, Cataluña padeció un segundo atentado terrorista por parte del estado, tras el 17A».
Y para rematar esta escalada de barbaridades, los señores Torra y Puigdemont han vinculado al CNI con la comisión de los atentados catalanes.
Así estamos con el tóxico procés. ¿Alguien da más?
