Sin haber resuelto ninguno de los contenciosos que le enfrentan a la familia Franco –la exhumación del dictador del Valle de los Caídos y la titularidad del Pazo de Meirás–, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido abrir un nuevo frente: una reforma legal para suprimir los títulos nobiliarios que reivindiquen los valores de la dictadura, entre ellos, el Ducado de Franco, actualmente en posesión de Carmen Martínez-Bordiú. La Proposición de Ley de Memoria Histórica y Democrática registrada, tras la investidura fallida de Sánchez, por el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso prevé la creación de un catálogo de títulos nobiliarios vinculados con el franquismo. En su artículo 5, la proposición socialista encomienda al «ministro competente en materia de memoria histórica o, por delegación, el órgano designado por aquel» la elaboración del catálogo. Se incluirán en este listado los «títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977, así como de concesión posterior, que representen la exaltación de la Guerra Civil y Dictadura, y se procederá a su supresión».
La proposición de ley sitúa en su diana a más de una treintena de títulos nobiliarios aún vigentes como los de condesa del Jarama, duque de Calvo Sotelo, marqués de Dávila o conde del Alcázar de Toledo. El grupo socialista ha cuidado al máximo la redacción de la futura ley para poder incluir en este catálogo al Ducado de Franco, debido a las circunstancias particulares de este título. No fue concedido por Franco sino por Juan Carlos I a través de un decreto firmado el 26 de noviembre de 1975, cuatro días después de su proclamación, en favor de Carmen Franco Polo, hija del dictador. El articulado de la iniciativa socialista no limita la posibilidad de suprimir los títulos a los concedidos directamente por Franco y amplía el periodo de tiempo de los que se someterán a examen hasta 1977, dos años después de la proclamación de Don Juan Carlos. Dos detalles que sitúan al Ducado de Franco dentro del ámbito de actuación de la futura ley.
La inestabilidad política y la situación de bloqueo institucional que sufre el país hace imposible calcular el tiempo que necesitará esta proposición de ley para ser aprobada. Con el arranque de su tramitación, sin embargo, el PSOE asume como propia una iniciativa que hace un año y medio defendió ERC en el Congreso. En ese momento –febrero de 2018, tres meses antes de que prosperase la moción de censura que convirtió a Sánchez en presidente–, el PSOE votó en contra: «No tienen ningún sentido», aseguró desde la tribuna el diputado socialista encargado de defender la postura de su grupo.
Cambio de criterio
La llegada de Sánchez a Moncloa modificó la postura del PSOE en este terreno. Al margen de promover la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, el Ejecutivo socialista comenzó entonces a mostrarse dispuesto a reformar la Ley de Memoria Histórica para revisar las condecoraciones y títulos concedidos durante el franquismo. Durante la campaña electoral previa al 28-A, todos los partidos pasaron de puntillas por sus promesas en materia histórica aunque los, a priori, socios preferentes del PSOE siempre han apostado por suprimir estos títulos nobiliarios. Al margen de los partidos independentistas, desde Podemos y sus confluencias han insistido en la urgencia de regular esta cuestión: «Nadie en Alemania que se sienta demócrata se imaginaría un ducado de Hitler, no tiene ningún sentido que sigan existiendo este tipo de símbolos en el año 2018 en España», aseguró Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida.
Tal y como figura en la base de datos del Consejo de la Grandeza de España, la primera concesionaria de este ducado fue Carmen Franco, por entonces ya Marquesa de Villaverde. Estrenó oficialmente el título el 1 de diciembre de 1975 y lo conservó hasta su muerte, en diciembre de 2017. Tras unos años en los que hubo una vacante en la titularidad del título, Carmen Marínez-Bordiú solicitó al Gobierno heredar el ducado. La concesión del título a favor de ella se publicó en el BOE el 7 de julio de 2018, después de que un mes antes, el por entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, redactase la carta de concesión. Catalá firmó esta carta el 31 de mayo de 2018, apenas un días antes de que se hiciese efectivo el cambio de gobierno. Carmen Martínez-Bordiú no ha podido disfrutar de forma efectiva de este título hasta hace pocas semanas, según informó «El Confidencial», debido al retraso en la tramitación de los documentos oficiales por parte del departamento de la actual ministra, Dolores Delgado.
