Cuando un gobierno tiene la feliz idea de bajar los impuestos, tal es el caso del autonómico andaluz, necesita compensar su medida: rebajando el gasto, que es lo deseable, o poniéndole otro disfraz al sablazo, que es lo de casi siempre. Lo primero no se contempla, o sea, porque el bi(tri)partito se ha propuesto pisar el menor número posible de callos en la administración y sus aledaños, de modo que la cosa se ha derivado hacia la tasa. Sin embargo, la revocación de la gratuidad de los museos para los residentes en la ciudad que ha planteado Patricia del Pozo es una posibilidad que, ojalá, sólo cabe colocar en la estantería de los globos sonda. Con el monocultivo del turismo alimentando a la economía regional con sus lustrosos frutos, los únicos que nos llevamos a la boca, la entrada libre para los aborígenes es deferencia que no debería abandonar la Junta porque el previsible beneficio, escaso, jamás compensará el coste que tendrá en imagen, enorme. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, además de un significativo gusto por acumular mayúsculas en la nomenclatura de su cargo, ha mostrado con estas palabras la condición naif de un gabinete que todavía no ha calibrado el peligro que esconde la política declarativa del verano, cuando los cargos se turnan para dar carnaza a los medios, la que sea, y se terminan haciendo un nudo con la propia lengua. Al tiro, la oposición de izquierdas aprovechará para afear la concepción mercantilista de la cultura que transmite esta idea. Y encima, para recaudar cuatro cochinos euros. Es tan poquita la gente que visita los museos de su propia ciudad, que el mejor sitio para una cita galante clandestina en Sevilla es la cafetería de los Reales Alcázares. Ahí es imposible encontrarse con un vecino indiscreto. Seguro que muchos se acuerdan.
