El atentado mortal contra el jefe policial de Tepatitlán, el ataque al juez de Chapala y la balacera entre policías y ladrones a plena luz del día en la transitada zona de Belisario Domínguez, en la que resultó herido un policía, y las balas alcanzaron a herir también a un usuario del transporte público que viajaba en la ruta 603, a una mujer que conducía su vehículo, y a otra mujer que caminaba por la zona, con los que abrió el mes de agosto el viernes pasado, fue el tercer fin de semana que inicia con atentados a elementos y jefes policiales, en menos de mes y medio.
Como se recordará el primero vino el viernes 21 de junio, que se registró un inédito triple ataque orquestado y casi simultáneo contra personal de la Fiscalía General del Estado, que cobró la vida de dos policías investigadores y a otra funcionaria que logró salir ilesa del atentado, en Tlajomulco y Guadalajara. Poco más de un mes después, el viernes 26 de julio, vino el asesinato del fiscal Regional, a quien los sicarios sorprendieron en la carretera Santa Rosa-La Barca.
Los hechos violentos del viernes pasado, en uno de los cuales perdió la vida el comisario de Tepatitlán, cerraron una semana más de severa violencia, en la que apareció la onceava casa en lo que va del año con gente privada de su libertad y cadáveres, y en la que conmocionó el enfrentamineto a tiros en una hamburguesería de la Plaza Galerías, en el que murió un joven sicario, y Martín Arzola Ortega, alias “El 53”, uno de los líderes del cártel Nueva Generación, quien inexplicablemente andaba libre pese a tener una sentencia de 24 años de cárcel por asesinato en 2015.
Al igual que en la balacera del viernes en la zona de Belisario Domínguez, en la de la hamburguesería, también resultaron seis personas lesionadas que tuvieron la desafortunada coincidencia con los mafiosos y con los escoltas de la esposa del gobernador de Nayarit, que por cumplir con su deber, le entraron a los disparos.
Así, pues, la escalada de inseguridad y de violencia que en julio provocó, según el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 250 muertes violentas, cada vez tiene más víctimas colaterales en ciudadanos inocentes, entre los cuales se cuentan ya más de una decena de menores.
Lo preocupante es que ante este contexto de creciente actividad delincuencial, ni las autoridades federales, ni las de Jalisco y sus municipios tengan una estrategia y acciones que contengan a las mafias.
La recién creada Guardia Nacional cumplió ya un mes en Jalisco sin que se hayan reducido los índices delictivos, y el inicio de operaciones de la Policía Metropolitana estuvo lleno de sobresaltos, como el rechazo de la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, de incorporar a sus elementos a este nuevo cuerpo policial.
Es momento de que la Coordinación de Seguridad del Gobierno estatal justifique su creación o se hagan los ajustes correspondientes para que la ciudad deje de ser la arena de batalla de los grupos delincuenciales que ya les gustó desafiarlos los viernes y aterrar a la ciudadanía con sus enfrentamientos violentos en sitios cada vez más públicos y concurridos.
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