El secretario general de Vox y diputado Ortega Smith, indignado por los dos últimos homenajes a etarras en el País Vasco, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno “tras haber constatado” que durante el mandato de Pedro Sánchez se han producido 177 casos de exaltación del terrorismo sin ningún tipo de respuesta oficial.
Los dos últimos actos de homenaje, dedicados a José Javier Zabaleta, condenado, entre otros delitos, por el atentado de Zarautz en el que fueron asesinados cuatro guardias civiles y un civil. Zabaleta, que había sido condenado a 293 años, cumpliendo solo 29 en prisión. También el etarra Xabier Ugarte, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara, fue homenajeado a su llegada a Oñate tras cumplir sólo 22 años de prisión, ha recordado.
Por estos actos de humillación a las víctimas, Javier Ortega ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para reclamar el cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo y la acción firme para evitar la celebración de actos de homenaje a etarras.
Entre ellas, pregunta si “¿Tiene intención el Gobierno de plantear las modificaciones legislativas oportunas en la legislación penal conducentes al cumplimiento íntegro y efectivo de las penas de prisión por delitos de terrorismo, incluyendo la cadena perpetua para los delitos más graves?”, “Qué medidas se plantea adoptar el Gobierno para impedir la repetición de actos de enaltecimiento del terrorismo como los que han tenido lugar el pasado fin de semana 28 y 29 de Julio en Hernani y Oñate respectivamente tras la excarcelación de los terroristas José Javier Zabaleta y Xabier Ugarte?”.
Además, el diputado de Vox también se ha interesado por el actual sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que, a su juicio, “corrompe la independencia del Poder Judicial”. Así, ha preguntado al Gobierno y pregunta al Gobierno si tiene intención de plantear las iniciativas legislativas oportunas, especialmente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para adaptar la misma a la literalidad de lo establecido en el art. 122 de la Constitución Española, de tal forma que la elección de sus miembros no esté sometida, como en la actualidad, a la injerencia de los partidos políticos.
