El ambiente llevaba días cargado hasta que este miércoles ha estallado la tensión. PP y Ciudadanos, los socios "preferentes" que firmaron hace casi un mes un acuerdo para repartirse los cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, han colisionado en la antesala de la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Los de Casado y los de Rivera protagonizan su primer choque en Madrid antes incluso de empezar a funcionar como equipo en la Puerta del Sol y con un acuerdo aún por cerrar.
El Gobierno en funciones liderado por Pedro Rollán se ha adelantado a la formación del próximo Ejecutivo y ha empezado a posicionar a cargos de confianza del PP en puestos clave en la Comunidad de Madrid sin esperar a la investidura. Estos primeros nombramientos se han producido en una consejería, la de Transportes, que estará en manos de Ciudadanos si se logra formar el Gobierno en las próximas semanas.
Narciso de Foxá, íntimo amigo de Esperanza Aguirre y exalcalde de Majadahonda estará al frente de Metro de Madrid como consejero delegado tras la marcha de Borja Carabante al Ayuntamiento; y José Luis Fernández Quejo, exregidor de San Lorenzo del Escorial y diputado regional, ocupará la gerencia del Consorcio Regional de Transportes. Ambos puestos reúnen mucho poder y son claves en la organización de la movilidad madrileña.
El PP ha decidido mover ficha tras varias jornadas de hartazgo con Ciudadanos. Desde hace días, los diputados conservadores aguardan con desconcierto y con la maleta a medias las últimas decisiones de sus socios. Han terminado dando un golpe de mano desde la posición de privilegio que les concede tener en sus manos, aunque sea en funciones, el Gobierno regional. El PP espera así presionar a los de Rivera para que den un paso al frente cuanto antes para investir a Isabel Díaz Ayuso. Fuentes del PP pronostican que el jueves y viernes de la semana que viene podrían celebrarse las sesiones plenarias. El partido también quiere hacer ver que el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid "sigue trabajando".
Los nombramientos, aprobados en un Consejo de Gobierno extraordinario convocado para eso, han abierto una brecha con Ciudadanos. Fuentes del partido en Madrid acusan al PP, con quien tendrán que convivir en el Gobierno durante los próximos cuatro años, de "usar la Comunidad de Madrid como una agencia de colocación" y "cobrar" con estas designaciones "los favores que debe".
El choque se ha producido en un ambiente de calma tensa que se ha quebrado con esta decisión. No hay convocatorias ni avances públicos. Las negociaciones parecen congeladas desde hace días mientras PP, Ciudadanos y Vox dan por hecho en público un acuerdo en cuestión de "horas, días o semanas", según quien lo afirme. La portavoz y líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha convocado a la prensa a primera hora de este jueves.
Sin embargo, no hay pistas sobre cómo se materializará ese acuerdo. Ciudadanos asegura que espera un documento de Vox para dar el sí definitivo a la investidura; los conservadores aguardan que la extrema derecha dé el visto bueno a una propuesta que matiza sus exigencias; y Vox se muestra dispuesto a renunciar a derogar las leyes LGTBI, como hizo en Murcia, para cerrar el pacto. Pero evita avanzar cuál será la fórmula. El partido sabe que Ciudadanos no querrá firmar nada a su lado. "El cómo va a realizarse el acuerdo no sé, no sé cuál va a ser la fórmula", decía el diputado del partido de extrema derecha Javier Ortega Smith en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.
El presidente en funciones, Pedro Rollán, ya ha confirmado a los consejeros que pueden irse de vacaciones, siempre que estén localizables, y en el grupo parlamentario del PP algunos ya están haciendo las maletas para marcharse unos días. Hay dirigentes del partido que consideran que investir ahora a Díaz Ayuso es un error porque no tendrá la relevancia que hubiera tenido en julio o que podría tener en septiembre y consideran que en estas fechas la toma de posesión "no la va a ver nadie".
A eso se suma la dificultad para movilizar en pleno mes de agosto a los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea de Madrid. Dos días de pleno de investidura necesitan mucho personal: hay que movilizar a un puñado de ujieres y taquígrafas que han retrasado sus permisos vacacionales durante el mes de julio ante la inminencia del acuerdo que todavía no ha llegado.
Las dos personas elegidas para dirigir una parte de la movilidad de Madrid son viejos perfiles del PP. Narciso de Foxá, muy cercano a Esperanza Aguirre, no repitió como candidato a las elecciones de Majadahonda y esperaba un destino. Fue tesorero del PP de Madrid y asesor de José María Aznar en su primera legislatura en el Gobierno. Su nombre aparece en los informes de la Guardia Civil sobre Púnica. Según estas indagaciones, el Ayuntamiento de Majadahonda, uno de los municipios más ricos de Madrid, pagó presuntamente con dinero público campañas para mejorar la reputación del alcalde. Además, el exconcejal Juan José Moreno, testigo en el caso Púnica, señaló ante el juez Velasco su destacado papel en la adjudicación de unos terrenos públicos para que una de las empresas de la trama, Alfedel, construyera un colegio concertado en la localidad.
De Foxá también está imputado por un delito medioambiental en la localidad: la Fiscalía le denunció por permitir que el hospital público Puerta de Hierro abierto por la Comunidad de Madrid operase sin licencia de primera ocupación durante siete años, entre 2008 y 2015. En otro juzgado se le investiga a él y a tres de sus concejales por un delito medioambiental por tolerar vertidos del mismo centro hospitalario sin un plan específico.
Desde que su nombre se publica en el BOCAM, previsiblemente este jueves, De Foxá tomará el mando de Metro de Madrid en uno de sus momentos más complicados. La Fiscalía acaba de denunciar a siete responsables del suburbano por su responsabilidad penal en las muertes por amianto de sus trabajadores. Los sindicatos, además, mantienen desde hace meses una guerra abierta con la dirección por la falta de maquinistas y los incumplimientos de las frecuencias: el 25% de los trenes previstos no circulan durante la mitad de la jornada este verano.
José Luis Fernández Quejo fue alcalde de San Lorenzo del Escorial y ha sido el responsable del PP en la Comisión de Transportes en la última legislatura como diputado de la Asamblea de Madrid. El municipio que gobernó durante años forma parte de la investigación abierta por la UCO por ser una localidad que tenía contratos con Waiter Music. A cambio, la compañía hizo regalos a cargos públicos y se prestó a financiar actos electorales.
Fernández Quejo fue alcalde y concejal del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial entre 1995 y 2015. Un pacto entre seis partidos lo desalojó del gobierno municipal hace cuatro años pese a ganar las elecciones. Fue diputado con Esperanza Aguirre, con Cristina Cifuentes y ahora también con Isabel Díaz Ayuso.
