Alrededor de 50 organizaciones sociales y de derechos humanos solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su intervención para frenar las modificaciones a la ley aprobadas por el Congreso de Tabasco, las que sanciona con cárcel a quien bloquee obras o vías de comunicación.
Los grupos son integrantes de la Alerta Temprana Red, quienes buscan que la CNDH interponga una acción de inconstitucionalidad a las modificaciones del Código Penal de la entidad.
Según las agrupaciones, estos cambios “criminalizan la protesta social y restringe el derecho a la libertad de expresión, de reunión, manifestación de las ideas, asociación y petición”, consagradas en ordenamientos nacionales e internacionales.
Afirmaron que saldrá del sur del país una caravana de organizaciones campesinas que pasaran por el estado de Tabasco.
“Exigimos que sus derechos a la libre manifestación, reunión y a la integridad personal de todas las personas que participantes de esta caravana sean garantizados”.
Se acusa que al legislar sobre manifestaciones tanto el gobernador, como los legisladores locales “refieren la protesta como algo negativo que necesita ser restringido y condicionado por el bien de “terceros” o de otros derechos”.
Señalan que los promotores de la ahora denominada “Ley Garrote”, pasaron por alto analizar que la protesta pública es resultado de “una problemática social que no ha sido atendida o resuelta eficazmente”.
Para los firmantes la protesta social es un derecho, garantizado en el Artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y Artículos 6 y 9 de la Constitución mexicana.
OMZI
