La Fiscalía General de la República (FGR) tiene vigentes al menos dos expedientes de investigación contra el empresario argentino Carlos Agustín Ahumada que podría judicializar en cualquier momento.
Así lo reveló la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero al dar contestación al requerimiento de un Juez de Amparo para el cumplimiento de una sentencia de amparo que se concedió a Ahumada.
El empresario argentino exigió en su demanda de garantías que el Ministerio Público de la Federación decretara el no ejercicio de la acción penal en su contra por los delitos de extorsión y uso de documento falso.
Las imputaciones están radicadas en los expedientes AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013 y su acumulada AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/47A/2014, iniciados a partir de una denuncia que, en agosto de 2013, presentó Rosario Robles.
La exjefa de Gobierno acusó a Ahumada del delito de extorsión, a partir de la presunta sustracción de tres hojas en blanco con su firma, sin su consentimiento; dijo que a través de terceras personas Ahumada la amenazó.
Según la denuncia, Ahumada utilizó las hojas para intentar realizar el cobro de una deuda de 200 millones de pesos, la cual consideró inexistente, por lo que además lo acusó del delito de uso de documento falso.
La FGR ha señalado reiteradamente que “es improcedente” la solicitud de Ahumada de emitir la propuesta de no ejercicio de la acción penal en su contra por los citados delitos.
En una notificación publicada este miércoles, la FGR insistió en su posición y precisó que a la fecha no existen diligencias pendientes de desahogar para acreditar los delitos y la probable responsabilidad de Ahumada en su comisión.
Con ello se advierte que en cualquier momento se podrán judicializar los expedientes, lo cual se haría con base en el viejo sistema de justicia penal ya que los delitos que se le imputan se habrían cometido en el año de 2013.
Según el antecedente del caso, en julio de 2018 el empresario argentino promovió el juicio de amparo 640/2018, en el que exigió que se obligue a la FGR a declarar el no ejercicio de la acción penal en su contra.
De hecho, presentó un peritaje en materia de grafoscopía y documentoscopía, elaborado en Argentina por la Corte Suprema de aquel país, en el que se concluyó que no está alterado el pagaré motivo de la denuncia inicial contra Ahumada.
La entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, contestó que los resultados de dicho peritaje, “por sí mismas, no son suficientes para determinar el no ejercicio de la acción penal”.
Asimismo, pidió la intervención de sus peritos quienes concluyeron que la firma del pagare exhibido por Ahumada es copia fiel de la firma de otro pagare.
“Determinaron que las firmas son coincidentes en su totalidad de sus trazos, siendo que las firmas autógrafas de una persona no pueden ser idénticas entre sí”, señalaron los peritos de la FGR.
El Juez de Amparo concedió el amparo a Ahumada cuyo efecto fue que el ministerio Público subsanara algunas actuaciones y en 30 días resolviera si existe alguna actuación pendiente de realizar para decidir si se judicializaba o no el caso, decisión que fue ratificada por un Tribunal Colegiado.
Mediante oficio, SCRPPA/DGCVE/99/2019, la FGR remitió las constancias, con las que, a su criterio, ya dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en ella reiteró que “es improcedente” la solicitud de Ahumada de la emisión de una propuesta de no ejercicio de la acción penal.
Consideró que “no hay diligencias pendientes de desahogar para acreditar el cuerpo de los delitos y probable responsabilidad de Ahumada en su comisión”.
Ahumada es el principal actor en la trama del llamado videoescándalo que entre 2004 y 2005 exhibió sobornos de funcionarios cercanos al entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador.
