El ministro del Interior, Matteo Salvini, ha anunciado un acuerdo alcanzado con las autoridades de Alemania, Portugal, Francia, Luxemburgo e Irlanda para acoger a los migrantes rescatados la semana pasada en aguas del Mediterráneo. Una parte de estos se quedarán en Italia y residirán en propiedades de la Iglesia. El coste para el Estado italiano es cero.
Aunque la política de mano dura ya le costó a Salvini una investigación judicial por secuestro de personas, se manifestaba de esta forma en sus redes sociales: “no somos el campo de refugiados de Europa”, los ciudadanos italianos “ya tienen sus problemas”.
La patrullera “Gregoretti” de la Guardia Costera italiana recogió la semana pasada a 135 migrantes que viajaban en dos pateras a través del Mediterráneo. Un pesquero italiano hizo lo propio con otras 50 personas.
Hasta ahora, el Gobierno italiano solo ha permitido el desembarco de una mujer embarazada de 8 meses, su marido y dos hijos; así como 16 menores de edad, de entre 15 y 17 años. Los otros 116 han esperado anclados en el puerto de Augusta (Sicilia) desde entonces.
Fabio Scavone, fiscal de Siracusa, avisó de que las condiciones en el barco eran insuficientes: Solo disponían de un baño para las 116 personas a bordo, y se llegaron a contabilizar a 29 personas con varias enfermedades, entre ellas la sarna y un presunto caso de tuberculosis, por lo que aconsejó también el inmediato desembarco de los enfermos para evitar una epidemia.
La Comisión europea se felicitaba por el acuerdo alcanzado: “este resultado ha sido posible gracias a los intensos esfuerzos de coordinación que ha hecho la Comisión”. Pero también ha señalado que “este incidente, una vez más, demuestra claramente que se necesitan soluciones urgentes para garantizar el desembarco de personas rescatadas pueda tener lugar de forma predecible y sostenible”.
Y es que, en lo que va de año, más de 400 personas han muerto tratando de alcanzar costas italianas, de acuerdo con los cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
