Es el último capítulo de la crisis abierta por las irregularidades que han rodeado a una campaña de protección contra incendios que incluía bragas "antihumo" para el cuello hechas de poliéster, un material altamente inflamable, y adjudicaciones anómalas.
Cuando parecía que el Gobierno del socialista António Costa había conseguido frenar la tormenta con la dimisión, el lunes, del adjunto a Neves, los medios lusos desvelaron este martes los negocios del hijo del secretario de Estado.
La oposición se ha apresurado a pedir la dimisión de Neves y el presidente de la Asociación de Integridad y Transparencia, João Paulo Batalha, ha dejado claro que "tiene que dimitir" ajustándose a la ley, que prohíbe este tipo de prácticas para quienes ocupan cargos públicos.
Batalha ha aclarado, en un comunicado divulgado hoy, que su hijo, Nuno Valente Neves, ingeniero, ejerce en el sector privado y su empresa "en la que tiene una participación minoritaria" ha hecho contratos con compañías de la Universidad de Oporto y el municipio de Vila Franca de Xira, ambas por concurso público.
"Las entidades públicas contratantes son totalmente independientes del Gobierno", ha insistido Neves. "No tengo ninguna participación en la referida empresa ni intervención en su actividad".
El secretario de Estado ya era blanco de las críticas porque Francisco José Ferreira, quien hasta ayer era su adjunto, es líder del Partido Socialista en el municipio de Arouca (norte de Portugal), donde el propio Neves ejerció como alcalde entre 2015 y 2017.
Según el diario luso "Jornal de Noticias", la Autoridad Nacional de Protección Civil (ANPC) habría pagado por los "kits" de protección contra incendios de la polémica campaña 350.000 euros a las empresas Foxtrot Aventura (propiedad del marido de una alcaldesa de la provincia de Guimarães, norte portugués) y Brain One, cuyos dueños tienen adjudicaciones del ayuntamiento de Arouca.
Tanto el Ministerio de Administración Interna portugués, del que depende Protección Civil, como la Fiscalía portuguesa han abierto sendas investigaciones sobre la compra de 70.000 bragas de cuello repartidas por 1.900 municipios del país.
El escándalo salta en un día en que Portugal ha alertado de nuevo del riesgo de incendios por la fuerza del viento y el aumento de las temperaturas, después de los fuegos que han azotado el centro del país en las últimas semanas y han dejado más de 8.500 hectáreas arrasadas y al menos un herido grave.
Las zonas castigadas están muy próximas a las que ardieron en 2017, cuando las llamas se cobraron un centenar de víctimas en una de las mayores tragedias de los últimos años en el país.
Fue también la mayor crisis de la legislatura de António Costa, hoy favorito en las encuestas para las legislativas del próximo octubre.
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