Foto: Sabrina Montero / GCBA
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (capital de Argentina) implementó en el pasado mes de abril el “Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos”, un nuevo sistema de seguridad a través de 300 cámaras de video-vigilancia con reconocimiento facial, destinadas a localizar y detener a delincuentes prófugos de la Justicia que se encuentren transitando por la ciudad y funciona en diversos espacios, como el subterráneo o el tren.
Durante el lanzamiento del sistema la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó que el proyecto es una manera “real” de cuidar a la gente. “Vamos a tener una capacidad de darle una enorme tranquilidad a la sociedad de que no está caminando al lado de un asesino, al lado de un pederasta o pedófilo, o cualquier otro tipo de delito”, dijo, y recientemente informó que la modalidad se extenderá a otras estaciones de la ciudad.
Sin embargo, a pesar de los halagos de las autoridades al sistema, en casi tres meses de uso el programa reconoció a 14 personas por día, pero con un margen de error del 81%.
Desde abril 1.227 personas fueron señaladas por las cámaras y luego retenidas por las fuerzas de seguridad, pero solo 256 correspondían a criminales buscados. El resto de los 1.001 ciudadanos carecían de antecedentes penales activos y fueron incriminados erróneamente.
Cuando se implementó el sistema, que compara los registros de 46 mil prófugos con las imágenes de 300 cámaras que se van alternando en estaciones de metro y lugares transitados de la ciudad, las autoridades aseguraron que el margen de error sería cercano a un 7%.
El subjefe de Gobierno porteño y Ministro de Seguridad, Diego Santilli, pidió disculpas por los errores, pero defendió que el sistema “sirve para sacar de la calle a violadores y asesinos”.
“Hay un montón de personas que no tienen que estar caminando entre nosotros y que antes era materialmente imposible capturar. ¿Cómo reconoces 46 mil caras o 20 mil, las de prófugos por causas más graves? Es imposible, por eso el ladrón a mano armada, por ejemplo, podía seguir caminando entre nosotros. Eso empieza a dejar de suceder. Para mí es un logro importantísimo de la tecnología que nos ayuda a sacar de la calle a los criminales”, expresó.
Por su parte María del Carmen Verdú, bogada y titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), una organización social que lucha contra la violencia y los abusos policiales en el país sudamericano, cuestionó la medida.
En diálogo con RT la abogada resaltó que desde que se puso en práctica la medida de reconocimiento facial se llevan adelante detenciones arbitrarias todos los días.
“Nosotros recibimos muchas consultas sobre personas que fueron identificadas por este nuevo sistema digital. Hemos ofrecido realizar los procedimientos necesarios para eliminar cualquier información errónea que tenga la policía respecto de los ciudadanos, pero es algo que pasó siempre. Antes, las alertas equivocadas se activaban en los aeropuertos, cuando uno quería irse de vacaciones. Ahora sucede en el transporte público y con mayor voracidad policial. Son herramientas de control social, con una impronta de militarizar la sociedad. Desde hace cuatro años ese es el objetivo del Gobierno: disciplinar”, explicó.
Y aseguró que “esto funciona mal en muchos sentidos. Hay prófugos que no figuran en la base de datos y personas inocentes con causas penales, tan solo por tener el mismo apellido que el imputado”.
En ese sentido señaló que “si vos querés capturar a alguien, debes invertir en inteligencia policial y no esperar a que se cruce frente a una cámara. La implementacion de este sistema no es una herramienta para prevenir delito. Si para detener a un sospechoso necesitas privar de libertad a 1.000 personas que no hicieron nada, estás cometiendo un daño mucho más grande”.
