Andrea Orcel va a por todas. Las consecuencias de su fichaje frustrado por Banco Santander quiere que acabe en los tribunales sí o sí. En su demanda, el financiero italiano procedente de UBS, reclama a la entidad española algo más de cien millones de euros en concepto de pérdida patrimonial y daño reputacional por su fallido fichaje como CEO en septiembre del año pasado. Y por ello ha contratado a De Carlos Remón, despacho de abogados especializado en el desarrollo de estrategias jurídicas complejas, diseñadas para evitar o restaurar una pérdida jurídico-patrimonial.
Fuentes jurídicas consultadas por ABC explican que Orcel nunca ha manifestado que su verdadera intención es conseguir una sustancial indemnización -«una cantidad, en cualquier caso, exagerada», dicen las fuentes-, que no es su prioridad, ya que durante las negociaciones para llegar a un acuerdo no se llegó a plantear propuesta en firme alguna entre ambas partes, con posturas además muy distanciadas.
Fuentes próximas al banquero explicaron a este periódico que no es un problema de dinero, que Orcel no fue contratado porque «dos personas muy allegadas de la entidad a Botín -Javier Monzón y Jaime Castellanos- le advierten de que el banquero no se conformaría con ser CEO que en realidad era el candidato a la presidencia de los fondos accionistas».
Orcel, que no quiere ni oír hablar del famoso dicho jurídico de «mejor un buen acuerdo que un pleito», asegura que se le hizo una oferta en firme y que por ello dejó su cargo en UBS. Para ello, presentará ante el juez dicho documento que lo acredita y diversos emails cruzados y varias grabaciones con la presidenta del banco cántabro, Ana Botín.
Carta-oferta ante el juez
Fuentes cercanas al proceso apuntan a que la defensa del Santander pasa por centrarse en que la carta-oferta de septiembre no es un contrato vinculante. No en vano, Santander ha estado apurando los plazos para enviar el escrito de contestación y oposición a la demanda presentada por el banquero italiano. Desde la entidad han respondido que la carta-oferta que recibió el italiano «no es el contrato que exige la Ley» ni su nombramiento fue efectivo por no haber sido votado en la junta de accionistas, entre otros requisitos. Además califica de «una práctica de dudosa calidad ética y moral» que grabara sin consentimiento sus conversaciones con altos cargos de la entidad, de lo que ha asegurado se enteraron por la demanda del italiano.
Respecto a si estas grabaciones podrían ser desestimadas o no por el juez, las mismas fuentes jurídicas explican que, en principio, legalmente pueden ser tenidas en cuenta, siempre y cuando tuvieran finalidad clara con el litigio, «aunque depende del juez en cuestión».
