Después de más de 16 años en suspenso, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reanudará las ejecuciones en casos federales a partir de diciembre de este año con el objetivo de dar “justicia a las víctimas de los crímenes más horribles”, pese a la creciente oposición a la pena capital.
“El Departamento de Justicia respalda el estado de derecho y le debemos a las víctimas y sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, señaló este William Barr, el fiscal general estadounidense.
Barr transmitió su decisión al buró de prisiones y pidió a su director en funciones, Hugh Hurwitz, que programe las ejecuciones de cinco presos que fueron condenados a muerte por asesinato, y también por delitos de tortura y violación contra niños y ancianos.
La última ejecución federal se produjo en 2003 y actualmente hay 62 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Entre ellos, figuran el condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, en 2015, aunque ambos se encuentran en el proceso de apelación legal.
Barr remarcó que “bajo Gobiernos de ambos partidos, el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte para los peores criminales, incluidos estos cinco asesinos, cada uno de los cuales fue condenado por un jurado tras un proceso completo y justo”.
La próxima ejecución está establecida para el 9 de diciembre, y al igual que las otras cuatro, tendrá lugar en la prisión federal de Terre Haute (Indiana).
Se empleará un único fármaco, el pentobarbital, en lugar de la combinación de varios que ha dado problemas y provocado macabros episodios de intentos fallidos.
La reanudación de la aplicación de la pena capital federal contrasta con la tendencia registrada en EE.UU. en los últimos años, con la reducción progresiva de las ejecuciones, cada vez más concentradas en los estados conservadores del sur del país.
De hecho, varios estados han abolido recientemente la pena de muerte, hasta llegar a los 21 de los 50 que tiene el país.
El último fue Nuevo Hampshire, que la suspendió en mayo pasado.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) criticó la decisión al asegurar que el Departamento de Justicia está “de nuevo en el lado equivocado de la historia”.
“El sistema federal de la pena de muerte no funciona y es racista, inefectivo y cruel – y esta decisión nos devuelve el país décadas atrás”, afirmó en un comunicado.
El DPIC, que recopila información la pena de muerte, aseguró que “desde 1973 más de 160 personas que fueron acusadas erróneamente y condenadas a muerte en EE.UU. han sido posteriormente exoneradas”.
Según la última encuesta de Gallup de este año, el 56 % de los estadounidenses está a favor de la pena de muerte, por debajo del pico del 80% en 1994.
Actualmente hay 2.600 presos con condenas a la pena capital en todo el país.
El gobernador del estado que alberga la mayor cantidad, California, Gavin Newsom, firmó en marzo pasado una moratoria ejecutiva y cerró la cámara de ejecución en la prisión estatal de San Quintín cumpliendo así una de sus promesas de campaña.
“El gobierno de Trump ha elegido unirse a Kim Jong-un de Corea del Norte, al rey Salman de Arabia Saudita, y al gobierno de Putin en la ejecución de sus ciudadanos”, subrayó Newsom en un comunicado.
EFE
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