La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que se finiquitó el contrato para la construcción del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), por el cual
Esta cantidad equivale a 16.7% de lo que hubiera costado el edificio; de esta cifra se han pagado —hasta hoy— 7 mil 165 millones de pesos. "La cifra de finiquito es congruente con el avance de obra, que a la fecha de suspensión era de sólo 5.26%", indicó la SCT en un comunicado.
Este viernes 26 de julio, en presencia del titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, así como de los representantes de las empresas constructoras que integran el consorcio Constructora Terminal Valle de México (CTVM) y del fedatario público número 40 del Estado de México, se firmó el convenio por el que queda definitivamente concluido y liquidado el contrato.
Las empresas que iban a construir la terminal son: Operadora CICSA, ICA Constructora de Infraestructura, Constructora y Operadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana, Acciona Infraestructura, La Peninsular Compañía Constructora y FCC Construcción, entre otras.
de conformidad con lo previsto en los ordenamientos jurídicos.
Con ello, se llevó a cabo la conciliación de tres demandas, las dos primeras interpuestas por el consorcio en el sexenio anterior. En la primera, el consorcio CTVM cuestionó la aplicación de normas técnicas en materia de cuantificación de acero y reclamaba un monto de más de 657 millones de pesos.
En la segunda, el CTVM reclamaba la falta de proyecto ejecutivo y el monto del litigio ascendía a más de 4 mil 226 millones de pesos.
Por último, como parte del proceso de conciliación, el Consorcio demandó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a fin de mantener a salvo sus derechos en caso de no lograr un acuerdo. "Con la firma del acuerdo, el CTVM conviene en desistirse de las demandas descritas, lo que tendrá efecto de cosa juzgada", indicó la SCT.
A la firma del finiquito,
La SCT agregó que el proceso conciliatorio estuvo acompañado por la Secretaría de la Función Pública para revisar, en todo momento, la actuación de las personas servidoras públicas involucradas.
